Condenados varios excargos del PNV por el fracaso de la planta de purines de Carranza

La Audiencia de Vizcaya condenó ayer a seis administradores de Karrantzako Minda (KM), la sociedad que quebró sin concluir la planta de purines que le había sido encomendada y que llegó a obtener subvenciones por valor de diez millones de euros. Entre los procesados se hallan el que fuera alcalde del municipio vizcaíno de Carranza José Luis Portillo , el exconcejal del PNV José Ignacio Muro y el exdirector de Innovación de departamento de Agricultura del Gobierno vasco, el también nacionalista Martín Ascacibar . Todos ellos fueron inhabilitados durante un periodo de dos años y obligados a pagar 485.725 euros más otros 1.772.279 euros adicionales si una de las ingenierías implicadas, Ade Biotec, se declara insolvente.

A estos tres políticos se suman otro trío de ganaderos que, según la sección cuarta de la Audiencia vizcaína, son culpables del fallido concurso de acreedores de KM , la promotora de la planta. Una sociedad destinada a solucionar el problema medioambiental que suponía el excedente de los purines en la cabaña ganadera de Carranza y que fue constituida a iniciativa del Gobierno vasco y la Diputación foral.

Para ubicar la planta se compró un primer terreno en Matienzo que recibió el visto bueno de la Administración pública pero que finalmente no resultó adecuado por el alto riesgo de contaminación . La Audiencia sentenció ayer que la adquisición de dichas tierras agravó la insolvencia de KM y retrasó la puesta en marcha del proyecto. Al respecto, consideró que comprar los terrenos «sin exigir avales técnicos imprescindibles como un estudio geológico» constituye un hecho «grave».

En la misma línea, el tribunal reprochó a los acusados que el terreno fuese propiedad de personas relacionadas con el proyecto, en referencia a un miembro del Consejo de Administración de KM. También censuró el pago de algunos de los informes previos , los cuales fueron realizados por empresas de ingeniería que después participaron en la construcción de la planta.

Por todo ello, condenó a los seis implicados a dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, ejercer el comercio o tener cargo o intervención económica en compañías mercantiles e industriales; así como al pago de manera solidaria de 485.724 euros.