Prada, sobre los gastos del Campus de la Justicia: «Está todo justificado»
El ex consejero de Aguirre declara ante el juez por presuntas irregularidades
El ex vicepresidente segundo y exconsejero de Justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, declaró ayer en la Audiencia Nacional sobre los gastos supuestamente irregulares detectados en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid (CJM). El juez José de la Mata le preguntó por posibles operaciones sin justificar, recogidas en un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. A la salida, Prada aseguró ante la prensa que «está todo justificado».
De acuerdo con el informe por el que el juez le llamó a declarar como investigado, junto a tres técnicos, en el archivo de la empresa desde septiembre de 2009 a diciembre de 2010 «no existe ningún tipo de facturas que demuestren la realidad de los gastos efectuados», mientras que de los otros ejercicios «es significativo el desorden en materia de facturación».
Además, el documento revela también la utilización de una tarjeta de crédito Visa Platinum, con la que se hicieron desembolsos de «al menos» 15.647 euros, y el juez observa que falta «información y documentación básica de cobertura de los movimientos».
De los cuatro imputados citados ayer, uno de ellos, Isabelino Baños, que fue director técnico de la Ciudad de la Justicia, se acogió a su derecho a no declarar porque la defensa no tuvo acceso a toda la documentación que afecta a su cliente. Se pidió que fuera citado más adelante, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Sobre él, el juez indica que fue quien recibió facturas y presupuestos que forman parte de los «gastos sin soporte contractual» como es el caso del presupuesto de 29.565 euros de Telson para el montaje del Museo de la Justicia junto a los juzgados de Plaza de Castilla.
«Verdadero caos»
Según De la Mata, que investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros, «la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo» y tilda de «verdadero caos» el archivo físico con la documentación económico-financiera de la sociedad.
El juez investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los que 324,7 correspondían a contratos para las construcciones del Campus, que debían sustituir a 21 inmuebles en la ciudad de Madrid. Se pagaron 91,7 millones, aunque sólo se levantó un edificio: el Instituto de Medicina Legal.
Prada fue designado presidente del Consejo de Administración el 14 de enero de 2005 y sus «facultades de gestión se materializaron de manera efectiva en la suscripción de contratos», entre otros al policía Andrés Gómez Gordo , que fue asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y que está imputado en el caso Villarejo y tiene prohibido salir de España.
También fue quien comunicó en 2005 a la Consejería de Economía la propuesta de aumento de capital social del Campus, y participó en el otorgamiento de contratos a determinadas empresas sin que se constituyera la mesa de contratación.
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