Piquetes violentos de transportistas bloquean el reparto de prensa en Madrid

La libertad de prensa en Madrid se está viendo amenazada desde el pasado viernes por las protestas de piquetes violentos de transportistas, que tratan de impedir la distribución de periódicos en defensa de unas condiciones mercantiles que la empresa a la que prestan servicio, la distribuidora de Boyacá , califica de «privilegiadas y totalmente fuera de mercado». Se trata de 240 transportistas en régimen de autónomos, que según la compañía llevan largo tiempo prestando servicios de transporte bajo tarifas desmedidas, «con una acumulación de prebendas y derechos que a día de hoy no son acordes con la nueva situación que vive el sector de la prensa y revistas, que ha tenido que llevar a cabo «profundos procesos de restructuración». Cada transportista factura 4.500 euros al mes por quince días de trabajo, 300 euros por jornada, en solo cuatro horas diarias de labor . La prueba de que son cantidades fuera de mercado es que en la siguiente ciudad donde son más altos, Barcelona, perciben 110 euros por ruta trabajada, trabajando además allí cinco días más al mes. En Vizcaya, la tarifa es de 95 euros por ruta. Los emolumentos de los transportistas madrileños desbordan además los que cobran los profesionales de las redacciones y los equipos de gestión de los diarios.

Grupos de transportistas han acosado a los quiosqueros y han llegado a apropiarse de los periódicos y revistas que guardaban en sus quioscos y destrozarlos frente a los establecimientos. También han boicoteado de manera agresiva los intentos de ofrecer vías alternativas de distribución. La empresa Boyacá habla de ruedas pinchadas, destrucción de mercancía y hasta de graves amenazas a conductores y quiosqueros, esgrimiendo incluso objetos punzantes. El contencioso ha requerido la intervención judicial y policial, con varios transportistas detenidos y ha sido necesaria la actuación de fuerzas antidisturbios. Las compañías editoras y sus trabajadores se están viendo dañadas por un conflicto que impide que los periódicos lleguen a todos los puntos de venta. Los quiosqueros resumen su preocupación claramente: «Nos están hundiendo y nuestros clientes están hartos de no poder comprar sus periódicos».

La Unión de Distribuidores Nacionales de Ediciones y la Asociación Nacional de Distribuidores de Publicaciones han manifestado su condena «más enérgica antes estas acciones violentas sin cobertura legal , que perjudican y pueden comprometer seriamente el futuro del resto de los agentes del sector, como puntos de venta, quiosqueros, distribuidores, editores y periodistas».

En la mañana de este miércoles, las organizaciones del sector de puntos de venta, que representan al 80% de los existentes, han transmitido a las dos principales asociaciones de autónomos, ATA y UPTA, su «angustia» por la protesta, que a su juicio está dejando «al borde del precipicio a 1.500 quioscos de prensa de Madrid».

Los transportistas autónomos prestan sus servicios para la distribuidora DIMA, filial de Boyacá. Sus contratos, que expiran a finales de agosto, contemplan 90.000 euros de indemnización por resolución anticipada y sin indemnización si llegan a su término. Los repartidores iniciaron su protesta sin previo aviso en la noche del pasado jueves al viernes. «Dejaron de prestar el servicio de reparto, reteniendo la mercancía que se les había entregado e impidiendo de manera violenta, con amenazas y coacciones, que se realizase ese reparto por otros medios», explica Boyacá. Un grupo minoritario, con unos privilegios anacrónicos, está poniendo en jaque a quiosqueros, periódicos y revistas y dificultando el derecho de los madrileños a acceder a la prensa libre. La protesta afecta a todos los periódicos que se distribuyen en la capital de España. En el resto del país, el reparto se sigue produciendo con plena normalidad y el sector de los transportistas factura tarifas muy inferiores.