Pleno de la Asamblea de Madrid
Pleno de la Asamblea de Madrid - ÓSCAR DEL POZO

Cs pide auditorías externas de la gestión del patrimonio de los adultos tutelados

La Asamblea votará el jueves la modificación de la Ley de Tutela de Adultos, que regula a más de 4.400 personas

MADRIDActualizado:

El pleno de la Asamblea debatirá y votará este jueves la reforma de la Ley de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. Su intención es garantizar la transparencia de la gestión del patrimonio de estas personas, para lo que se establecerá la obligación de realizar auditorías externas de todas las cuentas anuales y generales que se presentan a los Juzgados.

La Ley de Tutela de Adultos es de 1995. Posteriormente a esta fecha, se han redactado otras normas que hacen conveniente revisar la regional. Entre ellas, la Convencíon Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es de 2006 y fue ratificada por España en 2008. Esta modificación legal que ahora plantea Ciudadanos, grupo que dirige en la Asamblea Ignacio Aguado, pretende adaptar la normativa regional a dicha Convención.

Además, la reforma pretende que la Agencia de Tutela de Adultos tenga que hacer memorias anuales, y cuente con un Código de Buenas Prácticas. Además, se exige que se garantice el carácter público de la citada Agencia. Está previsto que la modificación de la ley salga adelante.

Las personas adultas que no pueden hacerse cargo por sí mismas de su vida, por no ser autónomas jurídicamente, precisan de la asistencia de otros para algunas tareas. Es habitual nombrar un tutor, que según el Código Civil se sitúa en su entorno familiar. Pero en los casos en que no existe esta posibilidad, se prevé el nombramiento de personas jurídicas como tutoras. Hay dos condiciones para ello: dichas personas jurídicas no pueden tener finalidad lucrativa, y además tienen que incluir la protección de las personas incapaitadas dentro de sus fines sociales.

Con este fin comenzó a funcionar la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. Ahora mismo, en la región convive esta entidad públia con otras entidades tutelares privadas. El número de personas incapacitadas por orden judicial ha experimentado en los últimos años una subida importante, señala Ciudadanos en la argumentación de su reforma legal: se ha pasado de 2.295 personas en 2008, a 4.451 en la actualidad, prácticamente el doble.

Entre las modificaciones que propone la formación naranja, está la de instaurar la obligación de auditar externamente las cuentas anuales y generales que se presenten al Juzgado, una medida que ya realizan algunas entidades privadas de tutela y que pretende ser, a juicio de Cs, «una garantía adicional para la correcta gestión del patrimonio de las personas tuteladas».