Intermediarios «pirata» estafan miles de euros a jóvenes en sus fiestas de graduación

Esa noche es «la gran noche». Después de meses de estudio y exámenes, los jóvenes que terminan el Bachillerato tienen una cita marcada en rojo en su agenda: la fiesta de graduación. Nada tiene que salir mal ese día pero, desgraciadamente, cada vez son más los estudiantes que sufren una estafa que les destroza un día tan especial.

El «modus operandi» es siempre el mismo. Un relaciones públicas contacta con los estudiantes y les ofrece un local para hacer la celebración. Como muchos jóvenes son menores de edad, son los compañeros con más de 18 años los que firman un acuerdo con la empresa en representación de todos los demás. Este trámite, que suele costar una pequeña parte del montante final, se realiza para reservar el local, donde les aseguran que tendrán barra libre y, en ocasiones, una cena.

En este contrato se estipulan las condiciones del acuerdo y también figuran las dos partes, tanto la contratante como la que va a prestar el servicio. Es curioso que, en virtud de los casos conocidos por ABC, en este documento nunca se explicita como beneficiaria una empresa, sino que lo hace una persona a título individual: el mismo intermediario con el que han contactado los jóvenes.

Con la reserva ya rubricada, los estudiantes reúnen el dinero, entre 20 y 40 euros por persona, para entregárselo al intermediario antes del día de la fiesta. El «botín» para los estafadores puede oscilar entre los 4.000 o 6.000 euros -cuanto más numerosa es la promoción, mayor es la ganancia-, que se entrega a ese intermediario por adelantado. Hasta ese momento va todo bien, pero los problemas llegan conforme se aproxima la fecha de la gran fiesta. Un día antes o incluso en la misma jornada del evento, los organizadores -que ya han recibido el dinero- se vuelven a poner en contacto con los jóvenes para darles una mala noticia: ha habido un problema con el local donde se iba a celebrar la fiesta y por eso hay que trasladarla a otro. Les aseguran, eso sí, que no se van a quedar sin su celebración y que tendrán unas condiciones similares.

Menores de edad

Por si todo esto fuera poco, no es raro que estas fiestas de graduación, en las que algunos participantes aún son menores de edad, terminen de la misma forma: con un desalojo policial. De él se salvaron los alumnos que este año han finalizado su etapa en el Instituto Severo Ochoa, de Alcobendas, quienes el pasado 17 de mayo tuvieron su fiesta de graduación y que, para su disgusto, fueron víctimas de la estafa. «Un día antes de celebrar la fiesta, les dijeron que no se podía hacer en el local que habían acordado», afirma Míriam Palenzuela, su abogada, que anuncia que los jóvenes piensan tomar medidas legales al considerar que fueron engañados. Se trata de 146 personas y, según explica la abogada, abonaron por adelantado casi 6.000 euros.

Las gestiones las realizó un joven identificado como Jaime Díaz, que supuestamente habría engañado a los jóvenes haciéndose pasar por un intermediario de la empresa de viajes radicada en Blaeares, cuya imagen corporativa incluyó en las facturas a las que ha tenido acceso ABC.

Guillermo Nicolás Giordano, director de la empresa, desmintió a este periódico que su empresa organizara la fiesta: «No tenemos absolutamente nada que ver, nosotros no organizamos fiestas por política de empresa y no estábamos enterados de que estaba ocurriendo esto». De igual modo, admite que el individuo acude «como monitor» a los viajes de Mallorca, pero no entiende por qué incluyó el logo de la empresa que dirige en la factura que se remitió a los jóvenes: «No estábamos enterados de que él organizaba esta fiesta y menos de que le decía a la gente que lo organizabábamos nosotros». Giordano insiste en que ellos no emitieron ninguna factura por lo que el cerco se cierra sobre el intermediario, que se ha negado a devolver el dinero a los jóvenes pese a incumplir lo que les prometió. Asimismo, el director de la empresa confirma que tomará acciones legales contra el intermediario.

Este individuo les prometió una fiesta con cena en un local con dos sales diferenciadas, pero finalmente acabaron en otro establecimiento de la calle de Fernando el Católico denominado La Torre, que no cumplió con las expectativas. Por ejemplo, el festejo se tendría que haber alargado hasta pasadas las 3 de la madrugada pero, poco después de las 11 de la noche, recibieron la visita de varios agentes de la Policía Local. «No les desalojaron porque también estaban con profesores y padres», indica la abogada. De hecho, los jóvenes aún no habían empezado a cenar, asombrados por lo que allí se encontraron: lo que debiera haber sido una cena para 100 personas no era suficiente ni para 30, la calidad de los platos era más que deficiente y todos ellos cabían a duras penas en un espacio muy reducido.

Fuentes policiales confirman esta versión y añaden que el local en cuestión ha sido objeto, sólo en abril y mayo, de siete inspecciones policiales de las que cinco se saldaron con una denuncia. La Policía Municipal también es consciente del problema, que preocupa a los profesionales del sector.

Críticas del sector

«Son piratas», ahonda Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad, quien remarca que esta tendencia surgió al abrigo de la crisis económica y fue muy numerosa el año pasado, cuando centenares de jóvenes fueron desalojados y algunos, incluso, encerrados en el local por quienes organizan las fiestas para evitar, así, sanciones.

«Al final acabamos salpicados los hosteleros», lamenta Pizcueta, quien defiende que actuaciones como estas provienen de personas que no están ligadas al ocio nocturno. Por ello, se alegra de que estén comenzando a aflorar las denuncias de los afectados que no es que sólo pierdan dinero, sino que ven cómo les estropean la que está llamada a ser «su gran noche».