Los comerciantes denuncian pérdidas del 15% por la reforma de la Gran Vía
La ampliación de las aceras, el túnel del Metro hacia Sol y la presión de los manteros arrinconan a los hosteleros y a los pequeños negocios de Centro
La Gran Vía siempre ha estado considerada como el primer «gran centro comercial» de la capital, pero el escenario que se dibuja en el horizonte para sus negocios no parece ser el más halagüeño. La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complemento y Piel ( Acotex ) alertó ayer de las «importantes pérdidas de ventas», la «marcha del público a las grandes superficies de la periferia» y el cierre de pequeños comercios cuando se pongan en marcha a partir del próximo 23 de noviembre las restricciones de tráfico que traerá consigo «Madrid Central» . En concreto, calculan que la entrada en vigor de las limitaciones al vehículo privado y el estacionamiento en esta «zona de bajas emisiones» supondrá unas pérdidas del 15 por ciento de sus ventas, «como ocurrió con el cierre de la Gran Vía las pasadas navidades».
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«Existe gran preocupación en las zonas comerciales a las que afecta el cierre de Madrid Centro», señaló ayer el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, que pidió una solución «que no implique el cierre masivo del pequeño comercio», e instó al Ayuntamiento a « seguir el modelo de otras grandes capitales europeas, donde existen medidas y opciones para acceder a las zonas restringidas sin necesidad de ser residente».
Obligados a cerrar
A la temida bajada de la facturación que vendrá en el futuro, según sus cálculos, también se les acumulan ahora meses de caídas provocadas por el ahogamiento que les ha supuesto la concatenación de obras y zanjas en el corazón de la capital: en febrero se empezó a intervenir en la calle de Atocha y Carretas , cuyas obras terminarán en marzo de 2019 y en diciembre de 2018, respectivamente; un mes más tarde, en marzo, comenzó la remodelación en Gran Vía, cuyos trabajos se prolongarán hasta finales de noviembre; y a ello se sumó, la intervención en el metro de Gran Vía, que arrancó el pasado 24 de julio para conectar la estación de Cercanías de Sol con el Metro . Este proyecto, a cargo de Fomento y la Comunidad de Madrid, no se culminará hasta, al menos, el próximo abril.
Y en medio de las «trincheras» continúan trabajando, arrinconados, los hosteleros y comerciantes que ven pasar de largo a sus clientes. Manuel Prieto, el propietario de un bar con terraza situado en la red de San Luis, tuvo que cerrar su negocio a principios del pasado agosto al verse arrumbado por las vallas de obras. «Tuve que liquidar a mis seis empleados sin fecha de vuelta», se queja a ABC el dueño de este establecimiento de la calle Montera. «Estamos aguantando el pago de un alquiler enorme de 7.000 euros al mes porque hicimos una inversión inicial fuerte al reformar el local. Pero como esto se alargue más meses, tendremos que entregar las llaves porque seguir así es una ruina», lamenta Prieto, con cierta desesperación.
Competencia «desleal»
A la presión de las piquetas y las excavadoras, se suma la habitual presencia de los manteros . José Fernando Bartolomé, propietario de la cadena de MadridSouvenir.com, cuenta con 28 de comercios distribuidos por las calles Arenal, Preciados y Gran Vía y ya acarrea pérdidas de un 30 por ciento desde hace dos años, tiempo en el que él aprecia que se ha disparado el número de «top-manta».
«No puede ser que alguien venda tu mismo producto en la misma puerta. No puede ser que llames a la Policía y que no vengan... entiendo el problema social que tenemos todos, pero para mí es un drama mantener a mis compañeros trabajadores. Nos es cada vez más difícil», expresa Bartolomé, que cuenta con dos centenares de empleados. «Entiendo que llevar una manta de 35 kilos no es fácil, pero pagar alquileres de 30.000 euros y 28 trabajadores a tus espaldas tampoco es menos fácil», incide el comerciante, que subraya que «la ley está para todos».
«Yo cumplo las normas y pago los impuestos, y esta administración tendrá que hacer algo contra los hechos delictivos», reprocha el comerciante al gobierno de Manuela Carmena. Sin embargo, desde el Ayuntamiento sostienen a Ep que «el número de personas que ejercen esta actividad irregular ronda las 200 » y que «no suponen un problema de primera magnitud» para Madrid.
