Poblado del Rancho en la Cuña Verde de Moratalaz
Poblado del Rancho en la Cuña Verde de Moratalaz - DE SAN BERNARDO
Exclusión

Carmena no logra eliminar ni un solo núcleo chabolista en dos años: hay 135

La oposición denuncia que el plan para desmontar focos ilegales de 2016 es un fiasco. El Ayuntamiento lo niega. «Las actuaciones rápidas fracasan», dice

MadridActualizado:

El mapa de los asentamientos ilegales de Madrid, esos que sirven de guarida a la población sin hogar, apenas ha variado en casi dos años: hay 135 diseminados en los 21 distritos, según el último balance de diciembre pasado, a pesar de que el mapa es cambiante, dado el carácter nómada de estas personas. Solo han descendido ligeramente sus moradores, que han pasado de los 1.346 de marzo de 2016 a 1.072, siendo la mayoría, rumanos: 877 y 789, respectivamente.

Este listado no incluye los asentamientos de la Cañada Real, que aglutina a 2.953 personas, ni al del Gallinero, que ha llegado a albergar a 300, y que merecen un capítulo aparte. Aunque en algunos distritos estos focos se han reducido y han crecido en otros, los más numerosos siguen estando en Centro (17) y Chamartín (15). Los núcleos contabilizados aglutinan desde agrupaciones pequeñas y esporádicas a otras más numerosas y estables.

La situación sigue igual, a pesar del medio millón de euros comprometidos por el Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena destinado a desmontar poblados marginales en 2016. Dicha partida correspondía solo al área de Desarrollo Urbano Sostenible, sin contar con la cantidad aportada por Equidad, Derechos Sociales y Empleo a raíz del plan plasmado tras el pleno monográfico de mayo de ese año. Dicho programa incluía medidas con el objetivo de realizar una estrategia integral destinada a la prevención, atención e integración social de personas en asentamientos ilegales.

El hecho de que el mapa del chabolismo se mantenga inalterable, a pesar de los compromisos alcanzados, ha suscitado las críticas de la oposición. «A la alcaldesa le falta voluntad política para resolver este asunto». Ese es el ataque que realiza desde las filas del PSOE, Ignacio Benito, portavoz de Servicios Sociales. «Parece que la sensibilidad de los gobernantes surge en invierno, con la campaña del frío, y personas en situación de exclusión hay todo el año, por lo que los recursos deben ser permanentes», indicó.

Para Benito, la solución no es asignar una vivienda a cualquiera sino que las políticas deben ofrecer una atención individualizada, ya que cada caso es distinto. «Hay que hacer un estudio previo de esta población y facilitar una casa a quien esté en situación de vulnerabilidad como a las mujeres maltratadas, jóvenes en paro, familias... Dudo que hayan hecho algo al respecto». Además, reprochó al Consistorio que carezca de vivienda social: «La vendieron a los "fondos buitre"». Junto a ello, pidió la colaboración de la Policía Municipal para que no se consoliden estos guetos.

«No hacen nada porque votaron en contra»

« Carmena mira para otro lado, ya que se aprobó por mayoría el plan para erradicar los asentamientos ilegales y prevenir la creación de nuevos, y no ha hecho nada. Puede ser que sea porque Ahora Madrid votó en contra», aseveró, Beatriz Elorriaga, portavoz de Servicios Sociales del PP. «Estamos hablando de más de mil almas y no he visto en este último año que haya tomado medidas para atajar este grave asunto social y humano que provoca problemas de convivencia y salubridad; además, la mesa de trabajo no se ha vuelto a reunir desde noviembre de 2016.

«Sabemos que muchos de los que viven en esa situación infrahumana pueden ser víctimas de la trata o estar explotados laboralmente. Por ello, es necesario actuar; existen precedentes de programas para ello». Los populares sospechan que los recortes que ha tenido que realizar Carmena han afectado de lleno a este asunto.

Desde las filas de Cs, Bosco Labrado, presidente de la Comisión de Urbanismo, pidió «medidas concretas, no titulares ni anuncios. «Queda mucho por hacer. Los únicos avances que han hecho han sido los mediadores de etnia gitana y el incremento de equipos del Samur-Social de 12 a 18. La inacción de Ahora Madrid provoca el efecto llamada. De hecho, paso por la avenida de Asturias a menudo y veo junto a la comisaría de la Policía Municipal tiendas de campaña. Es insólito».

Por su parte, desde el Gobierno municipal Luis Nogués, director de Integración Comunitaria y Emergencia Social del área de Equidad de Marta Higueras, negó que el ayuntamiento mire hacia otro lado.

«No se puede trasladar a la población la idea de que este problema va a desaparecer porque no es cierto», dice el director de Integración

Recalcó que «no se puede trasladar a la población la idea de que este problema va a desaparecer porque no es cierto». Subrayó que están actuando, ya que actualizan los mapas de los asentamientos cada semestre y que su intención es dar una respuesta integral.

Para Nogués, lo que hay que hacer es mejorar las actuaciones y la coordinación en general, ya que este no es un asunto puntual de un ayuntamiento sino de la libre circulación de las personas que buscan una vida mejor, indicó, en alusión a los rumanos, el colectivo más numeroso. « No podemos combatir esa movilidad como tampoco nos planteamos extirpar los asentamientos que generan. Nuestro objetivo es gobernar el fenómeno, esa realidad social y regularla, manteniendo el equilibrio entre firmeza y humanidad», aseveró.

«No permitiremos prácticas de extorsión»

«Hay que evitar el efecto llamada, pero no se pueden poner puertas al campo ni queremos café para todos. Estos procesos son largos y complejos porque se trata de personas y las soluciones no son iguales para todas, por ello, entiendo que la gente perciba que no se avance, pero las soluciones rápidas fracasan», precisó el experto.

Tras subrayar que Madrid será firme y no permitirá prácticas de extorsión entre esta población, abundó en que lo esencial es actuar con constancia para mejorar las condiciones de vida de estas personas, dando una respuesta integral. Para algunas, una salida factible es residir en condiciones dignas en campamentos para nómadas como el de San Roque o Valdelatas a los que se destina un millón de euros al año; para otros, un piso, para lo que fomentarán bolsas de viviendas.

Es el caso de Felipe, que vive en El Rancho, situado en la Cuña Verde de Moratalaz, a menos de tres kilómetros del «Pirulí». Lleva un lustro ahí y es el único español, acompañado de su mujer, de varios perros, y de un puñado de rumanos. La miseria que enmarca la media docena de favelas se acrecienta con el «Ikea al aire libre» que han montado los vecinos: un vertedero de sofás. Tiene 55 años pero aparenta 15 más.

«Estoy esperando una vivienda. Me han arreglado la pensión no contributiva. Recibo 370 euros al mes y con eso no tengo para un alquiler», agregó. Su mujer explicó que residían en el edificio conocido como El Ruedo hasta que el impago de la renta por al paro les dejó en la calle. Ella, que no quiere dar su nombre, va y viene a esta favela. «Paso temporadas con mis hijos. Alguno ha dado alguna patada que otra a un piso. En algún sitio hay que vivir», zanjó.