El Ayuntamiento de Madrid recurre ante el Supremo para evitar readmitir a la interventora cesada
El gobierno de Carmena agotará la posibilidad de recurso tras dos condenas que tildan el cese de «arbitrario»
El Gobierno de Ahora Madrid interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y consumirá así todas las vías jurídicas para evitar readmitir y resarcir económicamente a Beatriz Vigo , la interventora general que fue destituida en mayo de 2016. «Respetamos y acatamos la sentencia, aunque discrepamos, por eso vamos a agotar la posibilidad de los recursos», indicó ayer el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño , en la comisión del ramo tras ser preguntado por los portavoces de PP y Ciudadanos.
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El TSJM, como adelantó ABC, desestimó el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento en una sentencia en la que destaca que las circunstancias del procedimiento «denotan prisa por cesar a la Interventora apelada siendo indicios que, unidos a la falta de motivación, inducen a seria duda de arbitrariedad en la seria decisión adoptada y aquí impugnada ».
«Purga política»
El tribunal señala, además, que el artículo 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local prevé que el puesto de interventor tesorero se puede cubrir por libre designación, «pero con ciertas garantías». Para ello se requiere la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales y, para el cese, destaca, es necesario el «informe preceptivo previo del órgano competente». Enunciados como este son los que la concejal del PP Begoña Larrainzar reprochó ayer al delegado.
En este sentido incidió en que tras el cese de Beatriz Vigo hubo una «purga política» dentro de la «causa general contra el Partido Popular». « Querían que fuera de su confianza política , como si fuera una trabajadora eventual y en Vigo encontraron una profesional que cumplía con su trabajo», censuró la edil, que incidió en que en Ahora Madrid «no están cómodos con la interventora, sólo con los dinamizadores».
Por su parte, el concejal de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo indicó que Vigo fue destituida justo cuando realizó «observaciones sobre el PEF» , «por hacer su trabajo con objetividad», reseñó. «Decía que el plan diseñado se apartaba del estándar diseñado por el Ministerio. Su valoración negativa coincidió en el tiempo con su cese. Nos preocupa que un ciudadano pueda ser cesado por hacer bien su trabajo», afirmó Redondo.
Pese a que el Consistorio haya decidido recurrir en última instancia, hasta que el Supremo se pronuncie, la demandante, Beatriz Vigo, podría reclamar la ejecución del dictamen del TSJM y volver a ocupar su cargo. El fallo del tribunal madrileño, además, obliga a abonar a Vigo las diferencias retributivas que había dejado de percibir durante dos años y medio.
