El Ayuntamiento de Alcalá, obligado a publicar información sobre ascensos policiales denunciados

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno insta al Consistorio (PSOE) a facilitar la titulación académica de tres agentes que promocionaron a subinspector, tras una denuncia de Csif por presuntas irregularidades

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez (centro), a la salida de los juzgados DE SAN BERNARDO

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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares , gobernado por el PSOE y Somos Alcalá (la marca municipal de Podemos), deberá facilitar una información sobre ascensos policiales que le negó a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –ente estatal encargado de velar por la transparencia de la labor de la administración– ha concluido que el Consistorio vulnera el derecho de acceso a la información pública y que los argumentos del rechazo no estaban justificados.

La reclamación del sindicato, motivada en tres ascensos a subinspector presuntamente irregulares, remite a una petición formulada el pasado 2 de julio, interesando conocer «Titulaciones que obren en los expedientes existentes en Recursos Humanos o en Jefatura de Policía Local correspondientes a la categoría profesional de Subinspector de Policía Local». Csif sostiene que los funcionarios promocionaron a pesar de que carecían de la titulación universitaria requerida, así como del permiso para conducir motocicletas en uno de los casos. La denuncia, que fue sobreseida en noviembre, fue recurrida hace un mes.

El Ayuntamiento alcalaíno, que dirige Javier Rodríguez Palacios , desestimó el requerimiento el 14 de agosto, amparándose en los límites de protección de datos de carácter personal, recogido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El Consejo, sin embargo, concluye en su resolución, del pasado 28 de enero, que «no existen datos especialmente protegidos, por lo que no resulta necesario recabar el consentimiento expreso y por escrito de las personas afectadas».

El ponente, además, señala que el Gobierno local «no ha realizado, como establece la Ley, una ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados». Así, con un plazo máximo de veinte días hábiles desde la fecha de la resolución, el Consistorio debe dar a conocer los estudios académicos de los policías.

Juicio al alcalde

El mandato de Transparencia llega en paralelo al procesamiento de Rodríguez Palacios, que se sentará en el banquillo por un delito de prevaricación, tras convocar un pleno por la vía de urgencia y sin justificar. Como ha informado ABC, la Audiencia Provincial desestimó a finales de enero su último recurso e irá a juicio.

Víctor Chacón , portavoz del PP en la localidad y quien presentó la querella contra el regidor, exigió de nuevo este miércoles su dimisión. «Al Partido Socialista de Madrid se le han acabado las excusas. Tienen que decidir: o mantener a un alcalde, presidentedel Comité de Ética y candidato a las elecciones que se va a sentar en el banquillo por delitos graves o faltarle al respeto a los alcalaínos que no tenemos un baremo ético diferente al de cualquier otro español. Un alcalde en el banquillo debe ser un alcalde dimitido», ha declarado. La fecha del juicio será en un plazo de entre tres y seis meses, en plena campaña electoral o justo después del 26-M.

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