Asamblea de Madrid
Podemos pide que servicios sociales o médicos certifiquen quién es víctima de malos tratos
Lo propone hoy en el pleno como vía ordinaria para facilitar el acceso a viviendas de protección y otras ayudas
La diputada de Podemos Clara Serra propone este jueves en el pleno que médicos, servicios sociales y otros profesionales puedan certificar y acreditar situaciones de violencia contra las mujeres y los menores, de manera que su dictamen pueda ser una vía de acceso a los recursos de atención y protección, como las viviendas de protección pública. Serra lleva este jueves al pleno de la Asamblea de Madrid una enmienda a la totalidad con proposición de texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno regional de modificación de la Ley integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.
La ley regional de violencia tiene abierta en la actualidad una ponencia sobre la que están debatiendo todos los partidos políticos en la Asamblea. Ahora, el PP ha planteado una modificación señalando que algunas mujeres podrán acceder a recursos o ayudas sin tener título habilitante como víctimas pero sólo de manera excepcional, algo que Clara Serra considera «un error».
De acuerdo con su enmienda, el marco jurídico actual no supone «una garantía adecuada para los derechos de las víctimas de violencia machista» . Propone que tengan derecho a acceder a una vivienda con protección oficial no sólo aquellas personas que tengan las condición de víctimas por sentencia firme u orden de protección, sino también a quienes, «aún no habiendo interpuesto denuncia, sí puedan demostrarlo según los informes técnicos de un conjunto de entidades».
Vía ordinaria
Pide además la diputada de la formación morada que esta vía no se utilice sólo como excepción, sino «como una vía ordinaria». Para ello, cree importante «dotar a nuestros profesionales de la potestad de certificar y acreditar situaciones de violencia que detectan de primera mano y conocen en su trato directo con las mujeres y los menores».
De este modo, servicios sociales, médicos y otros profesionales «tienen que ser una vía de acceso a los recursos de atención y protección y una manera de prevenir situaciones de riesgo mayores».
En su texto alternativo, propone modificar la ley para señalar que la certificación de la condición de víctima de violencia machista pueda hacerlo «a través de un informe técnico» una entidad como los servicios sociales de Atención Primaria de la administración, los servicios sanitarios, los centros de salud mental , los recursos de acogida públicos, los servicios municipales de atención a mujeres, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social» y otros.
Recuerda que muchos expertos han manifestado la necesidad de que las ayudas a este colectivo no tengan que estar condicionadas a la existencia de denuncia u orden de protección. Por eso, consideran «regresiva» la propuesta del Gobierno de Cifuentes.
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