El autobús de Hazte Oír, a su paso por Madrid
El autobús de Hazte Oír, a su paso por Madrid - ÁNGEL DE ANTONIO

Archivada la denuncia de Hazte Oír contra Carmena por prohibir su polémico autobús

El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid no cree que el Ayuntamiento se saltara la Constitución, como denunció la plataforma

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El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha acordado archivar la denuncia presentada en marzo por la plataforma Hazte Oír contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, y el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, por posibles delitos de amenazas, coacciones, contra la integridad moral, prevaricación, incitación al odio y discriminación.

Así consta en un auto en el que la juez considera que los hechos denunciados no son constitutivos de delito alguno. En concreto, la plataforma acudió a los tribunales ante el «repetido acoso» hacía el autobús que difundía su campaña contar el adoctrinamiento sexual en los centros escolares. Hazte Oír entendía que el Ayuntamiento se saltó los derechos fundamentales que recoge la Constitución y la ordenanza de publicidad al estar en contra del mensaje que difundía su autobús.

Así, denunció el «acoso» de la Policía Municipal, que Carmena «quiere convertir en una especie de policía del pensamiento».

El presidente de la asociación, Ignacio Arsuaga, acusó entonces al Ayuntamiento de promover la persecución del autobús retenido "de manera ilegal, sin ningún tipo de resolución judicial o administrativa", y después la autocaravana. En la denuncia, exponían que la ordenanza de publicidad no sería aplicable al tratarse de una organización sin ánimo de lucro.

La denuncia se produjo después de que su caravana fuera parada hasta en dos ocasiones por la Policía Municipal y multada delante del Ayuntamiento, lo que atribuyeron a una campaña de "acoso" por parte del Gobierno municipal. El autobús mostraba, entre otros, el mensaje de «Los niños tienen pena, las niñas tienen vulva. Que no te engañen».

«Defensa de la población trans»

El Ayuntamiento, según ha informado EP, sostiene que su actuación pretendía proteger a la población transexual. «Entendíamos y seguimos entendiendo, ahora respaldados por esta inadmisión a trámite de los juzgados, que no se estaba vulnerando ningún derecho, sino que se estaba protegiendo los derechos de los menores trans y, por extensión, de toda la población trans», ha dicho.

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