María Rey persigue a un edil del PP por las informaciones de ABC

La concejala de Ciudadanos en Pontevedra y cabeza de lista de la formación en esta provincia en las pasadas elecciones generales, María Rey, ha solicitado al Ayuntamiento que expediente al edil del PP César Abal, a quien le imputa el origen de las informaciones de ABC durante el pasado mes sobre la sanción que recibió por falsificar una tarjeta de discapacitado para aparcar en el centro de su ciudad.

A través de un escrito con fecha de 30 de junio y al que ha tenido acceso este periódico, Rey argumenta que este concejal consultó los expedientes administrativos relativos a su caso y que, «ese mismo día, ABC publicaba una noticia» en la que «como única prueba, se utilizaba la multa archivada en los expedientes que habían sido consultados y fotocopiados».

La deducción de la concejala no se sustenta en ninguna evidencia material.

La concejala omite en su escrito que la primera referencia a la sanción que se le impuso, previa a la incoación del expediente administrativo, fue una nota informativa remitida a los medios de comunicación por la propia Policía Local en fechas inmediatamente posteriores a que su coche fuese remolcado al depósito municipal, tras detectarse que usaba irregularmente una tarjeta de discapacitado. En aquella ocasión, la nota de prensa omitió su identidad, que ABC contrastó una vez accedió al expediente.

Paradójicamente, Rey invoca la Ley 9/2013 de transparencia para denunciar que el concejal popular se habría valido de su posición en el ayuntamiento «para obtener ventajas personales o materiales», la misma actuación que ella ahora emplea para solicitar al consistorio que «se realicen los trámites oportunos para incoar expediente sancionador» a Abal.

Reincidente

No es la primera vez que María Rey falta a la verdad. Tras publicar ABC su sanción y el tenor literal del atestado policial en el que no solo se acreditaba que carecía de tarjeta de discapacitado en regla sino que durante varios meses se valió de una fotocopia a color sin compulsar, apeló a que esta circunstancia correspondía a su vida privada y que todo tuvo lugar antes de su entrada en política. No era cierto, porque tres meses antes de ser multada (en junio de 2014) ya fue presentada públicamente como dirigente autonómica de C’s, con responsabilidades en el área de comunicación y afiliación del partido naranja.