Una ley exprés para salvar la situación urbanística en Vigo

Tan solo 48 horas después de que Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) se negara a discutir la enmienda al artículo 144 de la recién aprobada Ley del Suelo, la Xunta de Galicia daba ayer luz verde a la normativa de medidas de urbanismo que permitirá desbloquear la situación en Vigo. Una norma exprés que incorpora un artículo y se tramitará por la vía de la lectura única en la Cámara Gallega favoreciendo que se lleven a término proyectos estratégicos en la ciudad olívica tras la anulación del Plan General de Ordenación Municipal por parte del Tribunal Supremo.

El Gobierno gallego aplica así su plan B, anunciado tras las reiteradas negativas de la izquierda radical en O Hórreo a dar por buena la pretendida modificación.

La medida anunciada, que será aprobada este mes, servirá para cualquier otro ayuntamiento que pueda verse en una situación similar a la de Vigo, tal y como indicó este jueves Alberto Núñez Feijóo. Una «solución legal», dijo, a través de una ley excepcional que ofrece garantías jurídicas para el desarrollo de ámbitos considerados estratégicos, como es el caso de la reordenación de los espacios ocupados por la factoría de PSA Citroën, competencia de Zona Franca.

De este modo, la actuación de la fábrica de Balaídos dentro de su propio perímetro se podrá abordar en un plazo de «entre tres y cuatro meses», señaló el jefe del Ejecutivo autonómico, quien defendió que se trata de un «proceso riguroso» que «garantiza la autonomía local, mantiene la exigencia de todos los informes sectoriales requeridos, incluido el de impacto medioambiental, si es necesario, y respeta las resoluciones judiciales».

«Medidas garantistas»

En cuanto al principal argumento de AGE para oponerse a la modificación, ya que en su opinión «abre la puerta a la discrecionalidad en la construcción de infraestructuras», Feijóo negó tal extremo al asegurar que será necesario un «informe preceptivo y vinculante» del Ayuntamiento correspondiente y que en caso de ser desfavorable la Xunta archivará el proceso. Además, el Concello podrá suspender las obras incluso una vez aprobado si este no se ajusta al procedimiento estipulado por ley o a la licencia concedida. A mayores, deberá recibir todos los informes sectoriales previos que sean necesarios, incluido el ambiental. En todo caso, recordó que esta vía no permitirá «especulaciones», pues solo se puede aplicar en proyectos promovidos por las administraciones públicas.

«Son medidas garantistas que lo que pretenden es ser útiles al país», sentenció el mandatario gallego, quien reivindicó que en ningún caso esconden la pretensión de «evitar» resoluciones judiciales, ya que esta vía solo se puede utilizar en el caso de que el Ayuntamiento haya iniciado el procedimiento para un nuevo plan de ordenación municipal. Además, apuntó que como vía de recurso a esta norma se puede acudir al Tribunal Constitucional.

En cuanto al procedimiento, según detalló Feijóo, el órgano promotor deberá dar traslado a la consellería competente, solicitando que el proyecto sea declarado de urgencia e interés público aportando para ello un informe exhaustivo sobre la intervención. Acto seguido el departamento autonómico correspondiente se encargará de justificar las razones de la calificación y remitirá su resolución al Concello para que, en un plazo de 10 días, rechace o admita la tramitación. En caso de contar con el visto bueno, la consellería con competencias en urbanismo solicitará los informes sectoriales y elevará toda la documentación a la Comisión Superior de Urbanismo. Finalizada esta fase se devolverá a la cartera que lo recibió en un principio y el Consello de la Xunta será el encargado de aprobarlo.

El texto aprobado por el Ejecutivo gallego tras su reunión semanal fue aplaudido ayer desde Vigo por el alcalde, Abel Caballero, al considerarlo una medida «urgentísima e importantísima», que «servirá para desbloquear la acción en cuestiones tales como la ampliación de PSA, la estación del AVE y la Ciudad de la Justicia».