Imagen de archivo de una operación antidroga reciente
Imagen de archivo de una operación antidroga reciente - EFE
TRIBUNALES

Juzgan a dos guardias civiles por filtrar información de investigaciones y datos secretos a narcos

Fiscalía mantiene su petición de once años de cárcel. Los acusados presuntamente reventaron una operación policial con sus soplos, difundieron datos personales de compañeros y descubrieron a confidentes

SANTIAGOActualizado:

Cuando el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil quiso proceder el 9 de julio de 2003 a detener a varios sospechosos en el marco de una operación contra el narcotráfico, sus investigadores se dieron cuenta de que algo iba mal: aquellos que iban a detener habían cambiado radicalmente de actividades, sus móviles se fundieron a negro y desaparecieron de golpe. No era casualidad sino un chivatazo. Alguien desde dentro había dado un aviso y mandado a la papelera una investigación policial de meses. Estos días se juzga en la Audiencia de Pontevedra a los dos guardias civiles acusados de estar detrás de estos y otros soplos, para los que la Fiscalía pide once años y medio de prisión por los delitos de integración en grupo criminal, revelación de secretos y otro continuado de encubrimiento y un tercero contra la intimidad cometido por funcionario público.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, uno de los acusados, J. L. S., miembro del ECO Galicia, «se encargaba de apoderarse o sustraer la información sensible o datos de carácter personal que obraban en los archivos y sistemas informáticos utilizados» en su unidad. Además, por pertenecer a la misma tenía acceso a «cierta información sensible referida a las investigaciones desarrolladas».

Uno de los agentes obtenía información de su propia unidad y la transmitía al segundo, que a su vez recopilaba más datos sensibles y los filtraba a un intermediario de los narcos

El segundo de los guardias civiles, D.F.C., formaba parte del Equipo de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Judicial de Pontevedra. La Fiscalía lo sitúa como el responsable de obtener información reservada de su propia unidad y de difundirla entre investigados por narcotráfico junto con la sustraida por el primero de los acusados, bien a los propios afectados, bien mediante un intermediario, J.C.S.N., al que también se juzga en esta causa. El fiscal delegado antidroga considera que los tres formaban parte de un «grupo criminal» que «estuvo operando de manera estable y continuada, al menos, desde febrero de 2013 hasta julio del mismo año, en el que se produjo la detención de sus integrantes».

En este periodo, los dos agentes encausados arruinaron varias operaciones policiales. A comienzos de 2013, el ECO Galicia desarrollaba una investigación bajo la dirección de un juzgado de Porriño (Pontevedra) que seguía los pasos de una organización ede narcotráfico que movía por los puertos españoles más de una tonelada de cocaína. Los investigadores sacaron fotos de los miembros de esta red, que uno de los acusados filtró a los narcos, quienes desde ese momento «extremaron sus medidas de seguridad al conocer que estaban siendo investigados».

Las operaciones «Vitamina» y «Azúcar Amargo» también acabaron en la papelera, presuntamente, por la intervención de los dos guardias civiles acusados en favor de los narcos. En la primera, J.L.S. copió en un pendrive información clave de la investigación, la entregó al intermediario y este a la persona objeto de la investigación, que acabó frustrada. En el segundo de los casos, de nuevo una filtración de información al afectado acabó llevando a un juzgado de Vigo a sobreseer la causa. En la «operación Jaula» también tomó fotografías con su móvil de las diligencias para posteriormente hacerlas llegar a D.F.C.

Más de 2.000 documentos robados

Además de torpedear supuestamente la labor de sus propios compañeros, estos dos agentes los habrían vendido a los narcos, facilitándoles datos de «un listado de vacaciones en las que aparecían los nombres, apellidos y DNI de cada uno de los miembros del grupo» ECO Galicia. Cuando la Guardia Civil registró las viviendas del intermediario D.F.C. y del agente J.C.S.N. se llevaron las manos a la cabeza: en un ordenador encontraron «unos 2.000 documentos obtenidos de los equipos informáticos de ECO Galicia», información sobre operativos de seguimientos, oficios y documentos tramitados ante los juzgados, informes de dispositivos de seguimiento o tecnológicos y datos de personas investigadas.

Pero quizás lo más grave y que mayor impacto causó entre sus propios compañeros fueron los datos de confidentes que J.L.S. obtuvo del fichero de «fuentes vivas» que guardaba el ECO Galicia, y que entregó al intermediario habitual, «dándole una difusión indebida que comprometía seriamente la integridad y la seguridad de las personas cuyos datos personales habían sido cedidos». Por si fuera poco, recopiló también información sobre los miembros de esta unidad, ficheros en los que aparecían «su filiación, domicilio, nombres de familiares, teléfonos de contacto y fotografía, entre otros». Esta última remesa no llegó a entregarla a las redes de narcos, ya que fue detenido previamente.

En poder del intermediario D.F.C. los investigadores también encontraron un arsenal de datos sensibles, como por ejemplo un listado completo de los coches camuflados que la unidad de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), el Grupo de Patrimonio y ECO Galicia utilizaban en la zona, «información esta que posteriormente fue filtrada por el investigado a personas relacionadas con actividades delictivas», subraya el fiscal del caso en su escrito de acusación. Junto a esto, que estaba almacenado en un pendrive, se incautaron de un disco duro «con numerosa información referida a investigaciones desarrolladas por ECO Galicia (...) y el EDOA de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra». Este intermediario tenía en uso 18 terminales telefónicos.