Imagen de la sala del Auditorio de Vigo
Imagen de la sala del Auditorio de Vigo - CEDIDA

El Gobierno vigués se niega a investigar la situación del Auditorio

PP y la Marea local piden fiscalizar la gestión de la concesionaria en preconcurso de acreedores

Santiago Actualizado: Guardar
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«El auditorio funciona de maravilla» y no solo eso, a ojos del gobierno, tiene además «una programación muy variada y cumple con las necesidades de la ciudad». Este es el argumento con el que ayer el Ejecutivo local de Vigo tumbaba las aspiraciones de la Marea municipal de abrir una comisión de investigación al respecto de la gestión de la concesionaria sobre la que hay más sombras que luces. En este sentido, su portavoz Rubén Pérez (EU) matizó que con esta iniciativa lo que buscan es «fiscalizar y no culpabilizar», extremo en el que han encontrado el apoyo del PP.

Tras años arrastrando unas pérdidas millonarias, que el gobierno local reconoce pues «la situación de quiebra no es nueva y sigue funcionando con total normalidad», a la enésima amenaza de concurso la empresa titular de la concesión (Pazo de Congresos de Vigo S.A.) cumplía a principios de octubre.

Desde su inauguración en 2011 los números rojos han sido una constante en la contabilidad del «Mar de Vigo». Un año después de subir su primer telón el Concello ampliaba la concesión al máximo legal, 60 años, y salía en su rescate con una inyección de 5 millones. En 2014 el agujero ya superaba esta cifra. Los dos últimos ejercicios la situación lejos de revertir ha empeorado.

«Ni un euro más de los vigueses enterrado en este auditorio» se le ha oído en más de una ocasión decir a la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Elena Muñoz. Ayer era la edil Teresa Egerique la que se pronunciaba en esta misma línea al insistir en que la infraestructura se ha convertido en un «saco sin fondo de dinero público». «Es un problema de la ciudad y no menor. Hace falta un plan de actividades y no más parches», sentenció. Por su parte, Pérez, impulsor de la comisión, fue más duro en sus palabras al calificar el auditorio de «fracaso histórico». «Queremos que la empresa enseñe las facturas y que diga qué actividades ha hecho con ese medio millón de euros —el que le paga la concesionaria a una segunda empresa por gestionar la programación—», anotó. En este sentido y para justificar el voto en contra de los socialistas, Carlos López Font señaló que el «gobierno local no subvencionó a la concesionaria, «sino la programación».

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