Entrevista a María Teresa Cortizas, presidenta de APM Galicia
«A la prisión permanente revisable habría que darle un tiempo y ver sus resultados»
Pide aguardar a que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta pena, tan en discusión estos días
Desde el pasado mes de enero, la magistrada de la Audiencia Provincial de La Coruña María Teresa Cortizas ostenta la presidencia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Galicia , la mayoritaria, con 79 asociados de los 345 togados de la Comunidad y la totalidad de los miembros electos en la sala de gobierno del Tribunal Superior. Asume el reto de «seguir acercando la labor de los jueces a la sociedad». Con una larga experiencia en la jurisdicción penal y especializada en violencia de género, conversa con ABC sobre los principales asuntos que afectan a la justicia.
—¿Qué percepción cree que tiene la sociedad de los jueces?
—Mala. Nos ven como algo tan elevado, tan inaccesible, que no damos la imagen de cercanía que le correspondería al tercer Poder del Estado. Quizás a veces viene porque tenemos un miedo a perder esa profesionalidad, que el contacto directo nos pueda hacer perder la imparcialidad, que damos esa impresión de distantes.
—¿Puede tener algo que ver todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con el tema catalán?
—Ya venía de antes. El tema catalán no es que nos beneficie, pero hemos demostrado que estamos donde tenemos que estar, siendo profesionales, imparciales, y alejándonos del Ejecutivo y del Legislativo. Es muy importante que los ciudadanos vean la separación de Poderes, y que sepan que nuestra función es garantizar la legalidad.
—Son tiempos en que se acusa a los jueces de estar más politizados que nunca…
—Es una acusación que se nos achaca más por la figura del Consejo General del Poder Judicial, que no tiene independencia económica, ni presupuesto, ni sus vocales son nombrados por los propios jueces.
—Aún perduran estas etiquetas de jueces progresistas y conservadores. ¿Pero la justicia tiene adjetivos?
—Yo creo que no. La justicia trata a todo el mundo por igual. Y ha quedado demostrado con las personalidades políticas que se encuentran ahora mismo en prisión provisional, como el caso catalán. En las distintas asociaciones se puede encontrar gente de las más diversas sensibilidades.
—Estos días sobrevuela el debate social la pena de prisión permanente revisable (PPR). ¿Cuál es su opinión?
—En la actualidad está regulada, y creo que no debería legislarse a golpe de telediario. A mi juicio debería mantenerse la actual legislación, que considero acertada, y dar un espacio de tiempo para comprobar sus resultados.
—¿Se legisla en caliente o se atiende a una necesidad que surge en el seno de la sociedad? Porque luego se acusa a las leyes de no dar respuesta a situaciones sobrevenidas…
—El papel del Legislativo está para atender, precisamente, a esas situaciones que surgen en el ámbito penal ex novo. Son problemas que antes no existían. Claro que debe darse respuesta a las demandas, pero no atender a casos concretos o situaciones particulares. Pongo un ejemplo: somos uno de los países con una regulación de violencia de género más avanzada, y no es que tengamos más casos que otros países de nuestro entorno. ¿Para qué criminalizar todo si ya lo tenemos regulado?
—Uno de los debates que hay en la judicatura es si la PPR es compatible con el principio de reinserción que deben tener las penas privativas de libertad. ¿Cómo lo ve usted?
—Yo sí lo veo compatible, pero todavía no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, que es quien tiene la última palabra. Habrá que aguardar a su respuesta, a ver qué afina en los mecanismos de revisión.
—Violencia de género. ¿Nuestra legislación en esta materia es lo suficientemente disuasoria, o no es ese el papel que debe tener en esta problemática?
—La legislación claro que debe ser disuasoria, pero todo debe pasar por la acción preventiva. La clave está en la educación de los niños. Estamos viendo que los autores son cada vez más jóvenes. Insisto: acción preventiva, tanto en los colegios como dentro del ámbito familiar.
—¿Cómo está la justicia en Galicia?
—Tiene sus déficits y sus logros. Ahora mismo, con la crisis económica, los problemas quizás se hayan acuciado más, sobre todo en la jurisdicción social. De hecho, los nuevos juzgados que se crean son de este orden. Y en el ámbito de los recursos humanos, toda situación es siempre mejorable, pero en Galicia no es desastrosa.
—¿Hay juzgados suficientes?
—Es la pregunta del millón. No, no los hay. Pero además la planta judicial no es la adecuada, principalmente por la carga de trabajo. Una de las exigencias de las asociaciones profesionales de jueces es que nos midan la carga de trabajo, porque muchos juzgados trabajan al 200%. Son cargas desmesuradas. Mientras, otros órganos no llegan a esas cifras. Sería necesaria una redistribución de toda la planta.
—Tiene una larga experiencia en la jurisdicción penal. Después de ver casos de todo tipo, ¿llega uno a perderle fe a la condición humana?
—La pierdes por momentos, pero creo que llegas a avanzar algo más. No sé si nos endurecemos, pero sí se precisa tener una cabeza más asentada. Y se aprende a entender a la gente. Hay que ponerse en la situación tanto de la víctima como del autor, lo que a veces es muy difícil. Porque uno lo analiza fríamente y jamás actuaría de ese o este modo. Hay situaciones muy dramáticas.
—¿Se lleva uno a casa los casos difíciles?
—Aunque intentes separarlo, hay situaciones que siempre te vuelven a la cabeza.
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