Luis Ojea - LA SEMANA

Ciudadanos convertidos en rehenes

El paro de la administración de Justicia pervierte de nuevo el mal entendido derecho de huelga

No hemos aprendido nada. Hemos salido de la crisis, pero seguimos actuando como si no hubiésemos estado atrapados en una profunda recesión hasta anteayer. Prueba de ello es la huelga convocada en el ámbito de la administración de justicia en Galicia. Lo peor del caso no es que se haya puesto sobre la mesa de negociación la exigencia de una subida salarial de doble dígito, lo cual ya suena de por sí bastante disparatado. Lo dramático es que se sigue pervirtiendo el mal entendido derecho de huelga y se permite que un determinado grupo de presión pueda convertir a los ciudadanos en rehenes como estrategia para chantajear a la administración.

Empecemos por lo básico. La falacia del mal llamado «derecho de huelga». Que en sentido estricto no debería considerarse un derecho sino un privilegio. Un privilegio que la Constitución le otorga a los trabajadores, impidiendo que, en el supuesto de haberse convocado un paro, puedan ser sancionados por incumplir la obligación contractual de acudir a su puesto de trabajo en horario laboral. Privilegio sí, porque la otra parte no dispone de una opción simétrica. No se trata de cuestionar el concepto de huelga como arma en una negociación, pero al menos habría que empezar a llamarle a las cosas por su nombre.

Sigamos por lo abstracto. La paradoja de las huelgas en una administración pública. El damnificado en estos casos es siempre el ciudadano. Una huelga en el sector privado puede perjudicar la cuenta de resultados de la empresa. Una huelga en el sector público, en cambio, a quien afecta en primer término es al usuario que tiene derecho a recibir una prestación o servicio y que no podrá ejercitar ese derecho. Ya pues, podría concluirse que este tipo de huelgas esconden, en realidad, una perversa estrategia: usar al ciudadano como rehén. Paralizar un determinado servicio. Provocar el enojo de sus usuarios. Dirigir ese malestar hacia la administración responsable de la prestación de ese servicio. Y provocar que el político de turno acabe cediendo para evitar el daño electoral que le podría provocar que la situación se prolongue. Tan simple como abyecto.

Y finalmente traduzcámoslo a este caso al que nos enfrentamos. Con lo que se amenaza es con una huelga indefinida en la administración de justicia en Galicia hasta que la Xunta acceda a las pretensiones de los sindicatos que operan en ese ámbito. Esto es, cientos de procedimientos judiciales atrasados. Cientos de personas y empresas perjudicadas.

No se trata de cuestionar las concretas pretensiones salariales de ese colectivo. Y ya es mucho abstraerse dado el calibre de la subida salarial que se está reclamando teniendo en cuenta que ese dinero saldría de los impuestos expropiados a los ciudadanos. Lo dramático es que esos mismos ciudadanos pagan la factura por partida doble al ser tomados como rehenes en la negociación. Las estrategias de extorsión no deberían considerarse un derecho. O al menos, ya que este tipo de prácticas encuentran encaje en nuestro ordenamiento jurídico, habría que empezar a llamarle a las cosas por su nombre.

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