Cíes lleva 14 años sin un plan de gestión infringiendo la ley del parque nacional
Medio Ambiente espera aprobarlo a lo largo de 2018 y estudiará si se limita más el cupo de visitantes que pueden acceder cada día a las Illas Atlánticas
Situadas en la boca de la ría de Vigo, las islas Cíes son las cumbres de una cordillera que, a finales del terciario, quedó sumergida por el mar. La zona submarina que las rodea alberga uno de los ecosistemas más ricos de la península y desde el año 2002, junto con Ons, Sálvora, Noro, Vionta, Cortegada y Malveiras, fueron declaradas parque nacional, la máxima figura de protección para el medio ambiente. Pero desde entonces, ni el Gobierno central, ni la Xunta —a la que se le traspasó la competencia en 2008— han dado pasos efectivos para la gestión de este espacio natural. La propia ley de creación del Parque das Illas Atlánticas establece que en el plazo de un año debe aprobarse el denominado plan rector de uso y gestión (PRUG), un documento que determina qué actividades están permitidas y dónde y cómo pueden realizarse. Más de 14 años después aún no ha visto la luz.
El cupo de visitantes que diariamente pueden acceder a las islas es uno de los apartados que debe abordar este plan de gestión. Desde el año 2000 está limitado a 2.200 personas, a los que se suman otros 800 campistas, por una orden de la Consellería de Política Territorial. Pero este verano ha quedado en evidencia que la cifra se ha venido sobrepasando e incluso duplicando. La Xunta ha culpado a a las navieras de vender más billetes de los permitidos y por primera vez envió a la Guardia Civil a impedir el desembarco en Cíes. La medida, ha gustado a los ecologistas que, sin embargo, reprochan a la administración gallega que durante años haya mirado para otro lado.
Los ambientalistas desconocen en qué estudios se ha basado la Xunta para establecer el número de visitantes compatible con la conservación de las islas. «Que yo sepa en ninguno», explica Diego Rodríguez, representante del movimiento ecologista en el patronato del parque nacional. «Por este motivo pedimos un estudio de capacidad de carga», añade. Para Rodríguez la solución al exceso de cupo pasa por la aprobación del plan de gestión.
En 2011, la Consellería de Medio Ambiente hizo un primer intento para aprobar el documento. Publicó un borrador y lo sacó a información pública, pero nunca llegó a salir adelante. «Un PRUG debe ser un instrumento que, en la medida de lo posible, debe estar avalado por el mayor de los consensos de todos los sectores implicados, pues de lo que se trata es de que sea un plan respetado por todos los que participan de un modo u otro del parque nacional», explican fuentes del departamento que dirige Beatriz Mato. La propuesta de 2011, no contaba con este consenso. «La administración autonómica decidió retirarlo a los efectos de buscar un documento alternativo que así lo lograse», añaden desde Medio Ambiente.
El borrador del PRUG rebajaba entonces la cifra de visitantes a Cíes a 1.800 personas en temporada alta , 200 más en grupos autorizados y 550 campistas. Medio Ambiente asegura que ya está trabajando en un documento nuevo y ha contactado con todos los sectores implicados para lograr aprobar el plan a lo largo del próximo año 2018. Pero todavía no ha decidido si se van a mantener estas cifras. «Es precipitado adelantarlo», señalan fuentes de la Consellería, que aseguran que se realizará «un estudio técnico que indique la capacidad de carga que las islas que conforman el parque nacional pueden asumir».
Conflictos con la pesca
La limitación de los visitantes no fue la principal causa de conflicto para que el plan de 2011 no lograse salir adelante. El presidente del patronato del Parque Nacional das Illas Atlánticas, Fernando Garrido Valenzuela, ha responsabilizado a las cofradías por no aceptar las restricciones a la pesca. El Parque Nacional tiene una extensión de 1.194,8 hectáreas terrestres y 7.285,2 ha de superficie marítima. En el 3% de estas últimas se planteó prohibir faenar. Pero los pósitos denuncian que no se les tuvo en cuenta para la redacción del plan. La dirección del parque, reprochan, «más que tratar de consensuar sus propuestas para la aprobación de la última versión del PRUG, únicamente pretendió imponerlas sin contar con la opinión y la experiencia del sector». Para las cofradías limitar la pesca profesional en el parque «abocaría a la ruina a cientos de embarcaciones». En una nota de prensa, los pósitos recordaron esta semana que desde 2011 «ya transcurrieron seis años y que se sepa, de la dirección del parque no surgió ninguna otra propuesta de PRUG, ni tampoco se sabe donde estuvo el señor Garrido durante esta etapa».
La falta de plan tiene también impactos en la conservación de las distintas especies que habitan en las islas. Según explica Diego Rodríguez, representante de los ecologistas en el patronato, la población de grajilla occidental (de la familia de los cuervos) ha descendido un 90% en los últimos 25 años y de la chova piquirroja ya no queda ninguna pareja reproductora. Rodríguez reclama a la dirección más estudios y actuaciones para frenar el declive de las especies amenazadas o un mayor control de la flora invasora. Además, los ecologistas creen necesario incrementar el personal que, entre otras tareas, podría vigilar que se cumpliese el cupo de visitantes diarios.
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