GRANJA DE LOS HORRORES
«Un cerdo le arrancó la carne, pero no le dieron asistencia»
El abogado de dos trabajadores rescatados de una granja porcina de Sarria el pasado abril revela los presuntos abusos que los empleados soportaron en silencio durante meses
La explotación laboral a la que tres empleados de una granja de Sarria estaban siendo sometidos salió a la luz el pasado abril, cuando agentes de la Policía Nacional los liberaron tras acceder a las instalaciones porcinas y comprobar el reclutamiento y las condiciones insalubres en las que vivían. Pero esta historia de presuntos abusos y privación arrancó muchos meses antes de que los policías irrumpiesen en esta granja de los horrores. ABC charla con el abogado de dos de los hombres liberados para conocer los pormenores de un caso que sobrecogió a la Comunidad gallega por las circunstancias que lo rodean.
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Medio año después de su rescate, los tres inmigrantes han logrado fijar su residencia en Lugo, la ciudad donde finalmente encontraron un trabajo digno , la promesa que los llevó a emprender su viaje a Galicia. Según explica el letrado Ángel Vellés, el caso empezó con una llamada al país de origen de los ahora denunciantes. La interlocutora era una lucense que «les vendió una serie de situaciones que no se dieron». Entre ellas, « que les iba a conseguir el permiso de residencia sin ningún tipo de problema y que iban a tener un buen contrato de trabajo con un buen sueldo». «Mi cliente John Henry picó y vino aquí. Allí había otro trabajador ya y más tarde llegó Santiago, el tercero de los afectados, al que le prometieron un hotel pagado los diez primeros días mientras se tramitaba la residencia».
Sin medicinas ni agua potable
Pero cuando llegaron el escenario fue otro. «Los metieron a vivir en una pocilga, trabajando un montón de horas, sin formación y sin ningún tipo de medidas de seguridad», resalta el abogado de la acusación. Entre las labores diarias de estos trabajadores estaba el medicar cerdos, arrancarles los dientes y limpiar todos sus excrementos . Una «situación lamentable» que soportaron durante tres meses. Como ejemplo de la crueldad de este lugar, el abogado revela que a uno de sus clientes « un cerdo le mordió en una nalga, le arrancó parte de carne y no tuvo ningún tipo de asistencia médica». Porque, confirma Vellés, las únicas medicinas de las que disponían eran las que se trajeron en la maleta de su país. «Trabajaban once horas al día con una jornada libre según le conviniese a la señora», asegura sobre la falta de un horario digno y dentro de lo que la legislación laboral contempla.
Fue precisamente en uno de esos días libres cuando John Henry aprovechó para buscar un despacho de abogados en Lugo. Y así, desesperado y «con una mano delante y otra detrás» tocó a la puerta de Vellés. «Me contó lo que estaban pasando y le dije que tenía que denunciarlo porque podíamos estar ante un delito de trata de seres humanos. Tomaron la decisión cuando le expliqué que en este país había medidas de protección para ellos y no tenían que padecer esos abusos», indica a este medio. Sobre su estrategia de defensa, el abogado de tres de los afectados asegura que las fotografías que obran en autos son «más que suficientes» para comprobar lo que estaban viviendo. Este documento habla de una vivienda que estaba en la planta de arriba de la misma granja, con « humedad en el techo, mucha suciedad en el suelo , bolsas de basura apiladas en la entrada y el ambiente inundado de malos olores».
Además, los agentes resaltan la presencia de «ratones muertos en el suelo y telarañas por las paredes». Para dormir solo tenían «un colchón con los muelles reventados y un sofá cama en la cocina», mientras que el váter estaba inutilizado y tampoco disponían de agua potable, solo de una captación procedente del río que «la mayoría de las veces» salía «llena de barro». « Era una explotación de unos 15.000 cerdos , de los que solo cuidaban estas tres personas que no tenían ni idea de animales. Tampoco tenían medidas de protección, ni botas, ni guantes, ni monos. Cuando las pidieron les dijeron que tenían que comprarlas ellos con los 600 euros en negro que cobraban a fin de mes », concluye el abogado como cierre de la dantesca escena que la Policía se encontró al registrar la explotación.
El caso está ahora en fase de instrucción y la acusación baraja la posibilidad de solicitar alguna testifical, «aunque ya los informes de inspección sanitaria, laboral y los propios atestados de la Policía son de suficiente envergadura para acreditar los delitos que se le imponen a esta señora». A falta de informe del fiscal, Ángel Vellés asegura que la propietaria se expone a una «pena elevada» por los delitos que la acusación le imputa. La granja sigue clausurada.
