ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

El Bono Residencia convence a un 56% de usuarios en espera de plaza pública

Unas 900 personas con derecho a atención residencial se acogen al plan de ayudas para utilizar el sector privado

Medio millar reciben ya el pago mensual y contribuyen a elevar hasta 59.403 el número total de beneficiarios atendidos

Usuarios de una residencia de mayores leyendo los periódicos MAYA BALANYA

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En el mes de agosto, la Consellería de Política Social anunciaba un nuevo empujón a la atención a personas en situación de dependencia en la Comunidad a través de un programa de refuerzo que, con una dotación económica de 21 millones de euros, apostaba por dos de las prestaciones del catálogo como vías para extender las coberturas: de un lado, la ampliación de horas de ayuda en el hogar, de otro, un relanzamiento de la prestación económica vinculada a servicio como alternativa para dar una respuesta ágil a los usuarios en espera de plazas residenciales públicas a través del bautizado como Bono Autonomía en Residencia . En esos momentos, según explicó en agosto el departamento autonómico, en la Comunidad existían 1.600 personas en situación de dependencia con derecho a atención residencial reconocido en espera de una plaza disponible en la red pública. Ahora, completada la campaña de comunicación desplegada por el Gobierno autonómico en torno al Bono Residencia, alrededor de 900 de ellas se han acogido a la posibilidad de acceder a una plaza privada utilizando una ayuda económica del sistema de atención a la dependencia para correr con parte de los gastos (sin por ello renunciar a su puesto en la lista de espera pública).

En la práctica, según los datos facilitados desde la Consellería que encabeza Fabiola García, la alternativa propuesta desde la Administración ha sido aceptada por unas 900 personas de las 1.600 a las que desde de Política Social se comunicó de forma personalizada la posibilidad de contar con una prestación económica como alternativa inmediata para acceder a la atención residencial en el sector privado. Cada una de las cartas anticipaba al usuario la prestación económica con la que podría contar si decidía acogerse esta posibilidad, una cifra calculada en función del grado de dependencia y de la capacidad económica de cada persona que, como media, se situó en 490 euros mensuales. De los aproximadamente 900 usuarios que han manifestado su intención de acogerse —definitiva o transitoriamente— al Bono Residencia, hay 495 que ya están recibiendo de modo efectivo el pago mensual comprometido para sufragar una residencia privada contratada, mientras la Consellería avanza en la tramitación de las alrededor de 400 ayudas restantes.

La prestación económica vinculada a servicio es una de las posibilidades de atención recogidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, pero no figura entre las más extendidas. En la Comunidad, es la cuarta prestación más empleada, por detrás de la ayuda en el hogar, de la atención residencial y de la prestación económica por cuidados realizados por familiares en el domicilio . El texto legislativo de 2006 reserva la atención a través de asignaciones económicas como fórmula excepcional en aquellos casos en los que la Administración no esté en condiciones de atender las necesidades de la persona en situación de dependencia a través de la prestación directa del servicio. En el caso de la libranza vinculada a servicio, se regula como una «prestación económica que tendrá carácter periódico, que se reconocerá, en los términos que se establezca, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario». En Galicia, desde la activación en agosto del Bono Autonomía en Residencia, ha habido 356 personas con valoración de dependencia que han accedido directamente al sistema de atención seleccionando esta modalidad de prestación.

Objetivo cumplido al 99%

Esta y otras medidas acercan las cifras del sistema en Galicia a los 60.000 usuarios atendidos fijados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, primero como reto de legislatura y después como meta a alcanzar dentro de este mismo año. Según los últimos datos publicados por el Ministerio, a 31 de octubre había en la Comunidad 67.654 personas con valoraciones de dependencia que les otorgaban derecho a recibir ayudas y prestaciones de las que 59.403 (el 87,8%) estaban efectivamente atendidas. De modo que, apunta Política Social, a falta de dos meses el objetivo «está cumplido al 99%» . Otros 8.251 usuarios (el 12,19%) aguardaban la materialización de las ayudas reconocidas en su Plan Individualizado de Atención. El objetivo en este caso pasa por acabar el año con menos de un 10% de beneficiarios pendientes de atención efectiva.

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