«Los accionistas del Popular deben ir contra el consejo de administración»

Lo contemplan más de 35 años de carrera como abogado, especialista en Derecho Civil, aunque de baloncesto también charla con gusto. Entrenó al Breogán a comienzos de los ochenta. Combina pragmatismo y moderación. Es la nueva voz del colectivo de los abogados gallegos, después de resultar elegido el pasado 1 de junio.

—¿Cómo está la abogacía gallega?

—Últimamente un poco preocupada por la competencia de los tribunales provinciales en el tema de las cláusulas suelo, como también lo está la abogacía española. De hecho, algunos colegios piensan litigar en contra de esa adjudicación de competencia que entendemos que es lesiva para los intereses del ciudadano y beneficiosa para las entidades bancarias. Aleja al ciudadano del juez ordinario y le provoca unos gastos que no debería afrontar.

—¿Ustedes defienden que los procesos por cláusulas suelo los asuman los juzgados de instrucción y primera instancia?

—Como se estuvieron llevando las acciones subordinadas y preferentes, y no pasó nada. Los pleitos se podrán retrasar un poco más, pero es lo que tiene la justicia ordinaria. No creo que haya que privar a los jueces predeterminados de una competencia que tienen asignada para dárselo a un órgano que ni siquiera va a estar especializado, porque va a tener en principio jueces en prácticas. Ya me dirá.

—Tienen jueces pero no funcionarios, por lo que parece...

—Ya hay protestas en todos los partidos judiciales porque esos juzgados no están dotados de medios para asumir una avalancha que igual no es tal.

—¿No habría sido más fácil acudir a la mediación?

—La mediación se intentó a través del decreto del Gobierno que fue un completo fracaso porque hay entidades financieras que rechazan toda petición los afectados sin siquiera argumentarla. Nosotros solemos aconsejar el acuerdo, pero hay entidades que hacen caso omiso.

—La operación del Popular y el Santander parece augurar también reclamaciones de accionistas en los tribunales. ¿Ve margen para reclamar?

—Yo sí. Estamos en un caso similar al de Bankia. No hay más que retrotraerse a las declaraciones del Banco de España y del propio ministro de Economía, Luis de Guindos, que en abril afirmaba que el Popular era una entidad solvente. Se ha producido una ampliación de capital conociendo el consejo de administración la situación real del banco. Y se ha engañado, entiendo yo, a muchos accionistas que obrando de buena fe, creyeron la palabra del consejo, invirtieron y han perdido su dinero.

—En el caso Bankia se litigó contra el Frob. ¿Pero a quien se denuncia en este caso?

—Entiendo que primero habría que ir a una acción de responsabilidad del consejo de administración del Popular. Y subsidiariamente, contra quien se subroga en la compra del Popular, que es el Santander, y que asume los derechos y obligaciones del banco.

—¿Hay margen para que eso afectados recuperen siquiera su condición de accionistas en el Santander?

—Ninguno. Porque el Popular se ha liquidado aplicando la directiva europea, y está clarísimo que al llegar la acción a valor cero, el accionista pierde todos los derechos. Negrísimo futuro.

—¿Los abogados gallegos ven necesaria la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Galicia?

—Yo creo que sí. Si lo hay en otras comunidades, en Galicia que tenemos casos para dar y tomar, debería estar creada hace años.

—¿Ve razonables las dudas que se han ido vertido sobre la independencia de la Fiscalía?

—La independencia de la Fiscalía debería venir garantizada por un medio distinto de elección del fiscal general del Estado. Debería ser votado por un importante porcentaje del Congreso tras pasar un exhaustivo examen de su capacidad intelectual y moral, y luego su mandato debería estar definido en el tiempo pero inamovible en ese plazo.

—La última queja que promovió el Consello fue contra Pilar de Lara. ¿Qué pasa en ese Juzgado de Instrucción nº1 que tantas quejas provoca?

—Nos quejamos porque el registro en un despacho de un compañero no se hizo con las cautelas debidas y que recoge la ley de enjuiciamiento criminal. Entendíamos que podía haber sido efectuado de manera más rigurosa y precisa. En ese juzgado lo que pasa es que se llevan macrocausas. Habiendo muchos imputados y abogados, es normal que las quejas sean constantes.

—¿Y qué opina de las macrocausas?

—Es una forma de instruir, de la cual discrepa mucha gente, entre ellos yo. Es una potestad de la juzgadora, que es singular y llama la atención. Pero es lo que hay.

—¿Es partidario de mantener la acción popular?

—Yo sí. Lo que habría que calibrar mucho es qué participación e intereses van a tener las acciones populares cuando se personan en un procedimiento, si defienden intereses generales o van a enturbiar aún más el proceso.

—¿Cómo ve las puertas giratorias en la justicia?

—Muy mal. Un juez que se dedica a la política deberían pasar un número elevado de años hasta que vuelve a ejercer. Si un juez de lo contencioso lleva causas contra una administración autonómica o estatal, sería ilógico que después de cuatro años en un partido político en contra del gobierno de turno volviera a la jurisdicción y se encargara de causas que afectan a ese gobierno.

—¿Me está hablando de Luis Villares, el líder de En Marea y exjuez?

—Singularmente no. No soy partidario de prohibir sino de regular esta situación, por ejemplo cambiando el orden jurisdiccional del juez en cuestión tras unos años.