El TSJV anula parcialmente el decreto que privilegia al valenciano en la relación entre la Administración y los ciudadanos

El TSJ valenciano tumba parcialmente el decreto que margina el uso del castellano en la Administración. La Generalitat ya ha anunciado que estudia la presentación de un recurso ante una resolución judicial que no es firme.

El tribunal considera contrario a derecho que los funcionarios tengan obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los ciudadanos. La norma también primaba el valenciano en las notificaciones, la rotulación de edificios, las publicaciones y la publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otros servicios de interés público.

Se anulan once artículos que daban uso destacado al valenciano en las relaciones con la ciudadanía. Los magistrados validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los diputados del PP, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.