Las residencias de mayores no podrán cobrar facturas del FLA por un error de la Conselleria

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha recriminado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, por un error en la contabilidad que deja «a la gran mayoría de entidades» que gestionan estos centros sin posibilidad de cobrar sus facturas de todo el año 2017 -y algunas de finales de 2016- a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

«El pasado lunes la Conselleria de Hacienda informó de que la Tesorería había cargado un total de 34.988 facturas de proveedores sociales valencianos, por importe conjunto de 296.634.333,50 euros una vez puesto en marcha para la Comunitat Valenciana el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)», han recordado desde Aerte.

«El sector privado de servicios sociales respiraba con la noticia, ya que no se había cobrado ninguna factura de todo el año 2.017, incluso quedaba alguna de 2.016 pendiente, pero la alegría ha durado muy poco», han asegurado. La razón es que el listado de facturas que se han incluido en el FLA para su pago inmediato ha dejado fuera a la gran mayoría de entidades que gestionan residencias de personas mayores, o que tienen plazas concertadas con la Administración Pública, porque no han sido contabilizadas desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Además, se está produciendo otra situación que está provocando demoras en los pagos, muchos contratos de residencias están vencidos y no han entrado en vigor los nuevos por retrasos en las adjudicaciones de la Conselleria, según Aerte. En esta situación, para que la Generalitat pueda pagar esas facturas, se debe llevar a cabo un expediente específico, que debe pasar por el Consell, «lo que alarga mucho toda la gestión de pagos», han asegurado.

“Es difícil entender como, a pesar del aumento del presupuesto de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en más de 214 millones en los dos últimos años, los retrasos en los pagos a las entidades que gestionan centros y servicios de la Generalitat o aquellos que tienen plazas concertadas se siguen produciendo», han criticado. «Solo queda que se deba a una gestión administrativa ineficiente de la propia Consellería, tanto en la contabilización de las facturas como en la formalización de los nuevos contratos, lo que resulta inadmisible», ha declarado José María Toro, presidente de AERTE.

De los peores

La ley para evitar la morosidad en las administraciones públicas fija un plazo máximo de pago de 30 días para las facturas, y según el último informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fechado en marzo de 2.017, la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma con un periodo medio de pago a proveedores más largo. Con una media de 46,39 días, solo mejora a la Región de Murcia y a Cantabria, según Aerte.

Sin embargo, el periodo de pago no es homogéneo en todos los sectores ya que en el sector de los servicios sociales ya se acumulan casi cinco meses de atrasos en los pagos y todo está pendiente de las liquidaciones del Fondo de Liquidez Autonómica. Hasta ahora, las empresas han ido abonando las nóminas de sus plantillas, pagando las facturas de sus proveedores pero la situación se está volviendo insostenible cada día que pasa sin que se atiendan estos pagos y si los retrasos continúan la situación podría agravarse.

«Seguimos insistiendo en que hay que buscar una solución definitiva al pago de estos recursos que son gastos corrientes y ordinarios de la Administración y que no pueden depender de ingresos extraordinarios como el FLA para ser atendidos. Lo único que provoca esta situación es inestabilidad en el sector y muchísimos problemas de gestión», ha indicado Toro.