Rechazada la petición del exalcalde Alperi de archivar la causa del PGOU

La sección tercera de la Audiencia de Alicante ha rechazado la petición del exalcalde Luis Díaz Alperi (PP) de archivar la causa contra él en la pieza separada del caso Brugal por el supuesto amaño en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El titular del juzgado de Instrucción número 5 atribuye a Alperi los delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Según el auto, dado a conocer este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la defensa del exalcalde solicitaba el sobreseimiento porque alegaba que los hechos que se le achacan no son punibles porque no son constitutivos de ninguno de los tres delitos que se imputan.

De ese modo, entiende que en este caso, ese auto está dotado "de la suficiente motivación, tanto fáctica como jurídica" y estima que el juez establece "al menos de modo indiciario" que Alperi "pudo facilitar" datos del PGOU al empresario Enrique Ortiz "en tiempo en que nada de aquello era público", datos de los que el exalcalde "tuvo conocimiento por razón de su oficio o de su cargo" y que, por todo ello, favoreció "los intereses del citado empresario".

Regalo de 35.000 euros

Asimismo, considera la Audiencia que el cohecho tiene indicios "susceptibles" por la descripción de "presuntas entregas de dinero que pudo recibir el apelante de manos del señor Ortiz", así como "la financiación" del viaje a Creta de "nada más y nada menos" que 35.000 euros.

Advierte de que Luis Díaz Alperi ha declarado por todos esos hechos y que, por tanto, "la decisión tomada no es arbitraria o carente de fundamentación, deduciéndose de las diligencias instructoras indicios bastantes para sostener la posible existencia de dichos delitos".

En cambio, la sala desestima su recurso y argumenta que la defensa de Alperi "se limita a pedir el sobreseimiento simplemente porque a su entender en el relato de imputación faltan elementos típicos de los delitos imputados. Sin embargo, no esgrime ni expone una versión de los hechos exculpatoria ni argumentos de defensa sobre la forma en que pudieron suceder los hechos que se imputan por el instructor a su representado".

Así, explica que los indicios "deben ser mínimos" para continuar con el proceso y que la Ley de Enjuciamiento Criminal "posibilita al juez de Instrucción, una vez ha tenido conocimiento de los escritos de acusación, valorar la consistencia de las acusaciones, con la posibilidad entonces de decretar cualquiera de los sobreseimientos previstos".