PP y Cs se ratifican en las denuncias sobre Divalterra

Los portavoces del PP, Ciudadanos, PSPV y Compromís en el consejo de administración de la empresa pública Divalterra declararon ayer como testigos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia que investiga las contrataciones de afines a estos dos últimos partidos . Las denuncias en los tribunales -algunas de ellas de los propios trabajadores- dieron origen a la llamada «Operación Alquería» por la que fue detenido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, junto a otras cinco personas, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en su vertiente de administración desleal.

Las preguntas del juez encargado de esta causa que permanece secreta fueron dirigidas a la forma de cubrir siete puestos de trabajo de alta dirección pese a los informes en contra por no haberse realizado mediante la fórmula de libre concurrencia o por no existir una necesidad real de que se crearan.

Los portavoces tanto del PP como de Ciudadanos, que también interpusieron en su momento denuncias por esta situación, se ratificaron en todo . El primero, Rafael Soler, señaló a la salida de su comparecencia que consideran que «existen irregularidades» en los contratos investigados pero «quien tiene que estimar si hay o no hay es el juez». Una posición compartida por el representante de la formación naranja, Jorge Ochando, quien reafirmó todo lo que comunicó a Fiscalía hace varios meses.

Por su parte, el socialista Pablo Seguí defendió que sus compañeros imputados son «honrados» y tiene «plena» confianza en ellos, mientras que Maria Josep Amigó, de Compromís, señaló que los contratos fueron «absolutamente legales».

La situación en la que quedarán los responsables de la Diputación arrestados se tratará la próxima semana tanto en el pleno de la corporación provincial como en el Consejo de Administración de Divalterra. En la primera de estas citas se ratificará la renuncia como presidente de Jorge Rodríguez. En la segunda se procederá a la destitución de la cogerente de la empresa pública Agus Brines , de Compromís, a la cual la coalición cesó finalmente ayer después de que se apartara la semana pasada.

Otro de los debates que tendrá que asumir el próximo presidente de la Diputación será qué ocurrirá con la empresa pública, cuando parece que desde los partidos del Gobierno apuestan por comenzar el vaciado aunque no concrentan si esta legislatura.