Caso Erial

La juez acusa a Eduardo Zaplana de diez delitos en el auto que decretó su ingreso en prisión

La magistrada ennumera tres sociedades con las que podrían haber blanqueado capitales

Imagen de Eduardo Zaplana tomada el pasado martes en su casa de Benidorm JUAN CARLOS SOLER

ABC

Blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. El auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha enviado a prisión al expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana por el caso Erial, acusa al también exministro de diez delitos y enumera, además, tres empresas con las que se podría haber realizado blanqueo de dinero.

De acuerdo con fuentes jurídicas citadas por Efe, en el auto de prisión dictado anoche, la jueza enumera tres empresas vinculadas a Zaplana a través de las cuales podría haber realizado operativas para blanquear el dinero: Turnis Silvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales.

La defensa de Zaplana recurrirá el auto de ingreso en prisión por considerarlo «desproporcionado e injusto» . Mientras que la juez acusa a Zaplana de diez delitos y considera que puede tener fondos ocultos en Andorra, Uruguay y Paraguay, el exministro niega todos los hechos que se le imputan, de acuerdo con fuentes de su entorno.

[La juez envía a Zaplana a la cárcel junto a su testaferro y su asesor fiscal]

En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 d urante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat , y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Imagen de Vicente Cotino tomada este jueves a la salida de la Ciudad de la Justicia ROBER SOLSONA

Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones habrían pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.

Tanto en el caso de la privatización de las ITV como en las concesiones del Plan Eólico aparecen como beneficiarias, casi siempre en unión temporal con otras mercantiles, empresas propiedad o participadas por Vicente y José Cotino , sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino.

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