La investigación a Rita Barberá por blanqueo extiende la presión de Génova sobre los concejales

La decisión del Tribunal Supremo de investigar a Rita Barberá por presunto blanqueo de capitales tiene múltiples derivadas que también condicionan la situación de los concejales del Ayuntamiento de Valencia. La primera y principal, el futuro político de la propia exalcaldesa. Aunque todavía no está formalmente imputada, el instructor designado por el TS, Cándido Conde-Pumpido, deberá estudiar en profundidad la investigación realizada hasta el momento en el juzgado de Valencia y entonces llamarla a declarar como imputada. Posteriormente, decidirá si pide el suplicatorio al Senado para proseguir el proceso contra ella o si archiva el asunto.

El PP espera que presente su renuncia ante el complicado escenario nacional, con la gobernabilidad de España sin resolver y con la posibilidad de nuevas elecciones, a lo que se añade la amenaza de Ciudadanos de no apoyar la investidura de Mariano Rajoy si Barberá no se marcha.

Para ello, Génova está presionando a la hoy senadora desde que este martes tuvo conocimiento de la decisión del Supremo. Durante las próximas horas podría haber un pronunciamiento público de la exalcaldesa de Valencia, al igual que ha ocurrido en otras ocasiones.

En este punto existen varios escenarios: que se negara a marcharse, que pasara al grupo de no adscritos o que finalmente dejara su escaño. En los dos primeros casos mantendría la condición de aforada y su caso permanecería en el Supremo al ser el único competente para investigarla, por lo que el proceso seguiría su curso normalmente. Pero en el tercero perdería el aforamiento y, por tanto, su causa pasaría al juzgado de Valencia en el que se instruye el grueso de la causa de presunto blanqueo que fue ampliada a la de delito electoral.

Sería entonces cuando el juez Víctor Gómez (para el cual la decisión del Supremo supone un refuerzo a su investigación) llamaría como investigada a Barberá, al igual que ha hecho con las 49 personas imputadas, entre ellas los concejales.

La otra opción es que asumiera la causa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que se pronunciará en breve sobre el exedil Miquel Domínguez, actual diputado en las Cortes.

Diligencias pendientes

El PP quiere acelerar todo lo relacionado con esta cuestión para resolverla lo antes posible. Y también en el caso de los nueve ediles, sobre los que la presión del partido se extenderá del mismo modo que sobre la exalcaldesa.

Su situación se encuentra a la espera de si, como parece, el magistrado decide abrir juicio oral. Pero éste no podrá tomar una decisión hasta que no finalicen las diligencias que restan por practicar en la ampliación de la causa a delito electoral. Concretamente, las declaraciones a lo largo de este mes del exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau; el que fuera administrador de la candidatura del PP para las elecciones municipales de 2011, José Antonio Moscardó, después de que el PP lo identificara con un escrito al juzgado; el exalcalde de Moncada y exvicesecretario de organización del partido en la provincia, Juan José Medina; y el asesor municipal Alejandro Fernández Checa.

Después de estas comparecencias, el magistrado tendrá que decantarse por seguir citando a más cargos populares o no, en función del grado de implicación que considere que pudieran tener en la supuesta financiación ilegal del partido. Aún así, según fuentes próximas al caso, parece que el número de imputados no aumentará y se dará por finalizada la instrucción, con lo que la causa se transformaría en procedimiento abreviado. Por lo tanto, los plazos para la decisión sobre los ediles dependerían de estos próximos pasos.

Desde la dirección regional entienden que Génova ni siquiera esperará al posible juicio oral, sino que resolverá antes el expediente informativo que les mantiene abierto tras la suspensión de militancia a petición propia el pasado marzo. Aunque los concejales han mantenido el acta (continúan como independientes) y la resolución depende de la dirección nacional, la líder del PPCV, Isabel Bonig, mantuvo su posición de expulsarlos. Así lo hicieron constar en un informe remitido a la dirección nacional (después de que se les pidiera la renuncia y se negaran) en el que exponían la necesidad de imponer una sanción por desobediencia a una directriz del partido, lo que conllevaría la expulsión.

Los populares valencianos confían, de este modo, en que se les dé el espaldarazo definitivo a esta postura de forma casi inmediata. Será entonces cuando los ediles tengan que decidir si mantienen en acta y pasan a ser no adscritos o si se marchan del Consistorio.