Caso Valmor
La Generalitat Valenciana recurre el archivo de la pieza de Fórmula 1 que imputaba a Francisco Camps
La jueza consideró que la investigación practicada no permitía sostener la acusación por delitos de malversación y prevaricación
La Generalitat Valenciana ha recurrido el auto que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relativas a la pieza 1 del caso Valmor referida a las negociaciones para organizar el Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia , en la que solo quedaba como investigado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.
Según han informado a EFE fuentes del Gobierno valenciano, la Abogacía de la Generalitat ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia un recurso de reforma contra el citado auto, en el que argumenta que existen "indicios de criminalidad" contra Camps .
La causa se inició hace cuatro años para investigar las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 a través de la empresa Valmor Sport y la posterior absorción de esta sociedad por la empresa pública Circuito del Motor.
El pasado diciembre, la jueza dictó el sobreseimiento provisional de la causa, sin oposición de la Fiscalía, al considerar que la investigación practicada no permitía sostener la acusación por delitos de malversación y prevaricación y que no existían "indicios suficientes para formular una acusación fundada en derecho".
En su recurso, la Abogacía de la Generalitat solicita la continuación de la investigación, la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, previa unión de esta pieza principal con la pieza segunda (la compra de Valmor por Circuit del Motor).
Asimismo, reclama la declaración como investigados del expresident Camps y de Belén Reyero, asesora del presidente y posterior encargada de eventos en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), así como de las personas que resulten presuntamente responsables de los hechos objeto de investigación.
El recurso de la Abogacía se basa en argumentos estrictamente técnicos y en defensa del interés público de los valencianos, según las mismas fuentes, que han incidido en que todas las actuaciones de la Generalitat van encaminadas al cumplimiento de la ley y a la necesidad de que los responsables de los casos de corrupción que resulten acreditados devuelvan el dinero.
La Abogacía defiende que tanto a través de los informes de la UDEF, como de los correos electrónicos y de las declaraciones que obran en la instrucción, entre ellas las del exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, resulta evidente la intervención de Camps y de Reyero en los hechos objeto de investigación, así como la relevancia penal de estos.
Sobreseimiento «injustificado»
En el recurso se advierte que los hechos evidencian cómo se comprometió todo el sector público autonómico en un negocio que se sabía ruinoso desde el inicio , y para el que se eludieron deliberadamente los controles más rigurosos de la Administración autonómica, interponiendo sociedades mercantiles públicas, sobre cuyos actos y decisiones no existió ningún control o fiscalización, ni de la Intervención de la Generalitat ni de la Abogacía de la Generalitat.
Asimismo, defiende que el sobreseimiento está justificado solo cuando no existe duda de que el hecho es atípico o que el investigado es indefectiblemente inocente.
En caso contrario, apunta, si se cierra el procedimiento de instrucción en casos más o menos discutibles, se cercena de forma prematura y forzada el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.
La Abogacía cita como jurisprudencia casos con resultado ruinoso a sabiendas para las arcas públicas como la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas, del 27 de diciembre, de la Sección de Enjuiciamiento, que condena a los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Madrid, en un procedimiento por alcance, por la venta de viviendas públicas a un fondo de inversión especulativo.
El llamado caso Valmor está dividido en cuatro piezas y Camps figuraba como investigado en dos de ellas, la archivada (pieza 1) y que la Generalitat ha recurrido ahora, y la 4, en la que hay 28 imputados y que investiga la adjudicaciones en 2007 y 2008 del diseño y construcción del circuito.
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