El exconseller de Obras Públicas Cartagena asegura que «nunca» hubo delito fiscal en Metrored

Luis Fernando Cartagena, exalcalde de Orihuela (Alicante) y exconseller de Obras Públicas durante el gobierno del 'popular' de Eduardo Zaplana, ha asegurado este lunes que "nunca" hubo ningún delito en Metrored, un caso por un presunto fraude fiscal en el que Hacienda comprobó que esta empresa utilizó una estructura dirigida a defraudar el IVA desde su sede.

El juicio contra Cartagena debía haber comenzado este lunes en los juzgados de Paterna (Valencia), pero ha quedado suspendido y ha sido devuelto a Instrucción para emplazar a empresas que se habían dado por extinguidas.

En la causa figuran como acusadas el exconseller y otras 12 personas. Cartagena ha hecho estas declaraciones a los medios, a quienes ha explicado que se había imputado a tres sociedades a cuya representación jurídica no se les había dado traslado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la causa ha sido devuelta a Instrucción para emplazar a las empresas que se habían dado por extinguidas.

El Juzgado de lo Penal 17 -con sede en Paterna- había fijado del 21 al 24 de noviembre la vista por el caso Metrored, contra Luis Fernando Cartagena, otras doce personas más y cinco mercantiles por un presunto fraude fiscal, en relación con la venta de minutos de telefonía, tras dos propuestas de celebración del juicio que no prosperaron por razones de agenda de los abogados.

El supuesto fraude fiscal lo cometió presuntamente Metrored con el apoyo de las empresas Dania Servicios Tecnológicos y Voyager Tecnológica entre 2005 y 2008. Hacienda comprobó que Metrored utilizó una estructura dirigida a defraudar el IVA desde su sede, en el polígono Fuente del Jarro de Paterna, a través de diversos mecanismos.

Por otro lado, el grupo presuntamente usó una sociedad sin estructura propia y domiciliada ficticiamente en Canarias para no declarar el IVA a destinatarios de la Península y Baleares.

Cartagena dimitió en 1998 de su cargo de conseller de Obras Públicas por el caso de las primas únicas del Banco Santander. Asimismo, en su etapa de alcalde de Orihuela, estuvo implicado en otro proceso en el que fue condenado en 2002 a cuatro años de cárcel por apropiarse de una donación de 49.000 euros que una congregación religiosa, que administraba el hospital municipal San Juan de Dios, donó al consistorio.