La educación concertada se aferra a la Justicia para recuperar las aulas suprimidas por el Consell

El plan que suprime poco a poco el modelo de educación concertada en la Comunidad Valenciana ha comenzado a materializarse esta semana con la resolución de la Conselleria de las unidades que perderá cada centro el próximo curso 2017-2018. Como ya venía anunciando el decreto conocido como arreglo escolar, impulsado por el conseller de Educación, Vicent Marzà, la escuela concertada ha salido perjudicada. Un total de 302 unidades de educación obligatoria han sido desestimadas, es decir, denegadas el concierto. De esta cifra, 124 corresponden a Infantil, 114 a Primaria y 64 a Secundaria. En cuanto a Bachillerato, el Gobierno valenciano ha suprimido 27 con respecto al curso que termina y desestimado 57. Aunque, para la Generalitat, se consideran las 87 desestimadas.

El matiz se debe a que todos los centros deben iniciar el procedimiento de solicitud de conciertos cada año para los cursos de enseñanza no obligatoria. Mucho más suavizado es el recorte de la educación pública, que suprime 21 unidades en Infantil y 65 en Secundaria.

De poco han servido las manifestaciones masivas a pie de calle de miles de padres, madres, alumnos, profesores y otros integrantes de la comunidad educativa durante estas últimas semanas en las principales capitales valencianas bajo el lema «Por la libertad de la enseñanza». A ellas se han sumado los recursos que varias entidades han interpuesto al decreto del arreglo escolar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. «Entendemos que la resolución ha sido muy negativa y la Conselleria ha iniciado una serie de medidas que violentan el modelo educativo», señala Vicente Morro, portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, una de las asociaciones que interpuso uno de estos recursos. El portavoz asegura que la federación ofrecerá apoyo jurídico y asesoramiento a los titulares de los centros y padres que se hayan visto afectados por la resolución de las unidades concertadas publicada el sábado 20 de mayo en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana.

El Consell ha distribuido las unidades educativas en función de las necesidades de escolarización en el territorio valenciano. «El decreto retira el concierto allá donde la pública ya llega», indicó la portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, en un estado de Facebook, en el que también tachó de «falso e interesado» el conflicto de la educación concertada. Lo que no ha tenido en cuenta el equipo de Marzà es la demanda de los centros concertados y, sobre todo, que donde ellos ven números la educación concertada ve personas. Javier Sebastián, portavoz de la Plataforma por la libertad de enseñanza 27, pone el foco precisamente en las más de 700 familias a las que afecta la supresión de conciertos, a quienes considera que se les ha vulnerado el derecho a la «libertad de enseñanza». «El saldo del arreglo escolar es evidentemente favorable para la educación pública y discriminatorio para la concertada».

Además, Sebastián advierte de la confusión que reina en los centros esta semana tras conocerse la resolución el sábado, ya que estos no saben «cómo se han resuelto las alegaciones» para serles denegados los conciertos. En su opinión, el decreto se ha aplicado de forma subjetiva e ideológica, en ningún momento teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos. Ahora, la comunidad educativa concertada se mantiene en vilo, a la espera de que el TSJ resuelva, antes de que finalice el período de matriculación el 29 de mayo, los recursos al decreto y saber si cuenta finalmente con las plazas que les ha suprimido la Conselleria.