Política
El Congreso desbloquea la reforma del Estatuto valenciano siete años después de la cláusula Camps
Los grupos buscan una fórmula para no tener que someter el texto a referéndum
Siete años después de la conocida como cláusula Camps el Congreso de los Diputados ha desbloqueado la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que pretende aprobarse antes de que concluya el año y prevé la inclusión de una cláusula sobre inversiones estatales en la región.
Según ha adelantado la televisión autonómica À Punt y ha confirmado a Europa Press el diputado de IU Ricardo Sixto, el 11 de diciembre se constituirá la ponencia en la que se debatirán las enmiendas presentadas al texto y el 13 de diciembre, solo dos días después, la reforma estatutaria será debatida en la Comisión Constitucional que preside el 'popular' Jesús Posada.
El objetivo es que la modificación de la norma fundamental de la Comunitat se apruebe en el Pleno del 20 de diciembre, pase al Senado y sea aprobada de forma definitiva antes de la disolución de Les Corts el próximo mes de marzo, de cara a los comicios autonómicos de mayo de 2019.
El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana lleva varado en el Congreso desde 2011, cuando Les Corts aprobaron una reforma del mismo con la que se pretendía añadir una cláusula por la que la inversión del Estado en esta comunidad fuese el equivalente a su peso poblacional. Ahora, los grupos parlamentarios ultiman un acuerdo para modificar la conocida como 'cláusula Camps' y evitar que la reforma del Estatuto deba ser secundada por los valencianos en referéndum.
La 'cláusula Camps', denominada así porque la promovió el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, establecía que la inversión del Estado en esta autonomía, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, tenía que ser "equivalente al peso de la población de la Comunitat sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años". Con esta finalidad se constituiría "una comisión integrada por la administración estatal y autonómica".
Este es el texto que se envió al Congreso y que la Cámara ha admitido tramitar hasta en tres ocasiones. La dos anteriores no sirvieron de nada porque las Cortes se disolvieron al convocarse elecciones generales, así que la iniciativa tuvo que volver a debatirse y votarse en octubre de 2016, al inicio de la presente legislatura.
Una vez admitida a trámite, se fueron ampliando los plazos para la presentación de las enmiendas durante un año y medio y finalmente los grupos las registraron el pasado mes de marzo. Sin embargo, tampoco entonces se pudo dar un paso más hasta que la Presidencia del Congreso no dictó una resolución para regular la participación de una delegación de Les Corts en la tramitación
Ahora, como adelantó Europa Press, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han acordado que lo que Les Corts aprobaron en su día como una disposición adicional del Estatuto se transformará en un nuevo punto del artículo 52, que versa sobre las competencias exclusivas de la Generalitat.
Este cambio de ubicación de la 'cláusula Camps' tiene como objetivo evitar que la reforma estatutaria tenga que ser ratificada en referéndum. Y es que el Estatuto valenciano establece que cualquier modificación del texto que no afecte al marco de las competencias de la comunidad tiene que ser refrendada en las urnas.
Pero además de esta nueva ubicación, los principales grupos de la Cámara han llegado a un pacto sobre el contenido del que quieren que sea el futuro artículo 52.4 del estatuto y que incluirá una modulación de la ya famosa cláusula sobre inversiones.
En su redacción original, la cláusula obligaba a que la inversión del Estado en la comunidad fuera equivalente al peso de su población. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya ha dictado varias sentencias en las que deja sin efectividad cláusulas similares de otros estatutos bajo la premisa de que estas normas no pueden condicionar al Gobierno a la hora de aprobar los Presupuestos del Estado.
Por eso, los promotores del acuerdo han querido rebajar el contenido de la redacción inicial y han apostado por dejarlo en que la Generalitat "participará en las decisiones de inversión del Estado" en su territorio. Eso sí, se mantendrán las menciones al peso de la población de esta comunidad en relación con la del resto del Estado.
También se mantendrá la previsión de crear una comisión integrada por la Generalitat y el Gobierno para tratar estos asuntos, a la que, a propuesta de IU, se sumarán también representantes de la administración local.
El diputado Ricardo Sixto se ha congratulado de que, pese al largo tiempo transcurrido, "por fin" se vaya a aprobar la reforma y se vaya a crear un foto donde tanto la administración autonómica como la local puedan plantear al Gobierno central sus demandas sobre inversiones.
Este acuerdo se ha plasmado en una enmienda transaccional a la que el grupo confederal presentó a la reforma del Estatuto. De hecho, el texto solo ha sido objeto de dos enmiendas, esta y otra que presentó Ciudadanos y que también se ha incorporado para dejar claro que las inversiones en la comunidad se ajustarán al principio solidaridad interterritorial consagrado en la Constitución.
Toda la negociación se ha llevado a cabo con el concurso de los grupos parlamentarios de Les Corts, puesto que cualquier acuerdo que se alcance en el Congreso sobre la reforma tendrá que ser avalado por la delegación nombrada por la Asamblea autonómica para participar de los trabajos de la ponencia y la Comisión Constitucional del Congreso, tal y como estable el propio Estatuto.
Como parte de esta delegación de Les Corts, por el PP acudirán los diputados autonómicos María José Ferrer, Alejandro Font de Mora, Rubén Ibáñez, Alfredo Castelló y Jorge Bellver, mientras que por el PSPV irán Manolo Mata, Alfred Boix y Rosa Peris. Compromís ha decidido enviar a Fran Ferri, Mónica Àlvaro y Mireia Mollà, Podemos a Antonio Estañ y Fabiola Meco, y Ciudadanos a Mari Carmen Sánchez y Juan Córdoba.
Además, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han acordado no presentar enmiendas en el Senado para evitar que la reforma del Estatuto tenga que volver al Congreso para su aprobación definitiva. El objetivo es que quede definitivamente aprobada en la Cámara Alta antes de finales de marzo, que es cuando se disolverán Les Corts con motivo de las elecciones autonómicas del 26 de mayo.
