Caso Taula: así ha sido el proceso para investigar a Rita Barberá por blanqueo de capitales

La Guardia Civil iniciaba a finales del pasado enero una operación contra la corrupción denominada «Taula» en diversas administraciones de la Comunidad Valenciana que se centraba en presuntos amaños de contratos públicos. Tras múltiples registros y la detención y posterior puesta en libertad de 24 personas (entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, su exjefe de Gabinete Emilio Llopis y la exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón), comenzaba una amplia investigación judicial que se extiende hasta hoy.

A lo largo de estos meses, el juez encargado del caso, Víctor Gómez, ha ido dividiendo esta macrocausa en diversas piezas separadas para agilizar la instrucción. Así lo decidió con la relativa al presunto blanqueo de capitales en el seno del grupo popular

del consistorio valenciano, la primera cuyo secreto de sumario fue levantado en febrero. Ésta también se ha extendido a la de una supuesta financiación irregular del PP valenciano.

De acuerdo con las pesquisas, los contratistas de obra pública aportaban dinero al partido y éste lo «lavaba» por distintos procedimientos. Uno de ellos pasaba por devolver a los concejales, asesores y militantes de confianza los donativos de mil euros que habían realizado al partido en sobres con billetes de 500 euros. La investigación apunta a que sólo en la campaña electoral de las pasadas municipales de 2015 se blanquearon 50.000 euros.

Para ello, entre otras pruebas, fueron clave las declaraciones de cuatro exasesores del grupo, algunos pertenecientes al núcleo de confianza del que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (enemistado con Rita Barberá). Nuria Diego, Arantxa Martín, Patricia Iserte y Jesús Gordillo admitieron que eran conscientes del blanqueo y por ello rechazaron efectuar el donativo.

A raíz de estos indicios, el magistrado acabó imputando a 49 personas entre concejales y asesores, incluyendo a nueve de los actuales diez ediles del PP en el Ayuntamiento. Todos ellos declararon ante el juez que, efectivamente, realizaron esa donación después de que se les pidiera, pero en ningún momento les fue devuelta. Además, mantienen la versión de que los asesores que admitieron el blanqueo lo hicieron porque no iban a renovar su cargo en la presente legislatura.

Aunque los hechos supuestamente delictivos se produjeron durante la etapa de Rita Barberá al frente del Consistorio, su condición de aforada al ser senadora impidió en ese momento que también resultara investigada, un proceso que se ha iniciado finalmente este martes tras el pronunciamiento favorable del Tribunal Supremo.

Exposición razonada

La decisión del TS se produce cinco meses después de que el juez encargado de la causa en Valencia elevara una exposición razonada para que el tribunal determinara si procedía citarla. La Fiscalía se mostró partidaria desde un primer momento de que fuera al Supremo, pero el magistrado consideraba que la investigación «no estaba agotada» y prefirió esperar a que se encontrara más madura y los indicios tuvieran más consistencia. De hecho, ofreció declarar a la exalcaldesa de Valencia, lo cual realizó por escrito para asegurar que no le devolvieron los mil euros que donó al PP para la financiación de la campaña de las elecciones municipales de 2015 (al igual que el resto de concejales y asesores investigados). También apuntó que no recordaba cómo entregó la cantidad.

El magistrado consideraba que, habiendo reconocido Barberá que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, resultaría «incoherente» no elevar exposición al Tribunal Supremo por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la parlamentaria nacional.

Resaltaba, no obstante, que ni las dos imputadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, realizaron una imputación concreta respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

La justificación principal era la posición jerárquica de Barberá en el Ayuntamiento por su cargo de alcaldesa y, como tal, su capacidad de decisión y de mando.

Una vez elevada esta exposición, la Fiscalía del Supremo tenía que ser la primera en pronunciarse. Lo hizo a finales de julio a través de un informe favorable a designar un instructor para investigar a la senadora del PP y ahora la Sala se ha manifestado en la misma línea.

Citación como imputada

Según explican fuentes del Supremo, el instructor designado, Cándido Conde-Pumpido, deberá estudiar en profundidad la investigación realizada hasta el momento en el juzgado de Valencia y, casi con toda probabilidad, llamarla a declarar como imputada. Posteriormente, decidirá si pide el suplicatorio al Senado para proseguir el proceso contra ella o si archiva el asunto.