Caso TaulaEl PP entrega al juez una avalancha de documentos para desmarcarse de los gastos electorales municipales

El PP ha presentado ante el juez encargado del caso Taula, Víctor Gómez, una avalancha de documentación relativa a los gastos electorales del grupo municipal durante las campañas que se investigan (2011 y 2015). Los populares tratan así de desmarcarse de nuevo de cualquiera de las decisiones que se tomaran en el Ayuntamiento de Valencia al no tener competencia para ello, según justifican.

Esta solicitud de información por parte del magistrado se enmarca dentro de la ampliación de diligencias sobre presunto blanqueo de capitales a un supuesto delito electoral (financiación irregular) durante estos dos comicios. El grupo municipal habría usado, según los investigadores, una supuesta cuenta opaca manejada por la exsecretaria, Mari Carmen García Fuster, para sufragar los gastos de las campañas de Rita Barberá.

Al requerimiento del juez responden los que en ese momento eran administradores de las candidaturas y gerentes, José Antonio Moscardó y Montserrat Tello. Ambos han declarado ya como investigados ante el juez.

Entre los documentos remitidos se encuentran la composición de los comités de campaña ( sobre la que ya informó este periódico), correos electrónicos a sus responsables sobre convocatorias (además de la celebración de éstas), normas para su administración y movimientos de contabilidad. Esto vendría a demostrar, según el escrito, que en 2011 y en 2015 se convocaron desde la sede central del PP reuniones con los gerentes y coordinadores de campaña autonómicos, provinciales e insulares, en las que se daban instrucciones y se repartía documentación. Estos cargos, tras los encuentros en Génova, se reunían a nivel provincial para transmitir las directrices recibidas.

En este punto, el escrito entregado al juez remarca que Montserrat Tello hizo mención específica en su declaración en sede judicial a una reunión que tuvo lugar el 24 de marzo de 2015 con el comité de campaña. En ella, según indicó, «se hizo una mención específica a lo que se podía y no se podía hacer en campaña electoral, quién podía hacer un gasto electoral, lo que se podía contratar desde la provincia y que todos los gastos se tenían que pagar a través de las cuentas de campaña».

También se detalla el testimonio de Moscardó en el que apuntaba al actual reponsable provincial del PP en Valencia, Vicente Betoret, como presidente de campaña y al exvicesecretario de organización del PP provincial y exalcalde de Moncada Juan José Medina como coordinador. En la reunión de Madrid, indicó, se dieron instrucciones para que todo el gasto se canalizase a través de la cuenta designada y él mismo comunicó dicha instrucción en la reunión del comité de campaña.

Otro de los grupos de documentos enviados al juez incluyen las cuentas de resultados de la actividad electoral de 2011 y 2015 y las comunicaciones desde Génova a la sede provincial de Valencia en relación con los gastos máximos autorizados en publicidad en medios y exterior, así como las facturas acreditativas de gasto de publicidad realizado por la propia sede provincial dentro del límite máximo autorizado por la nacional. Todo ello, señalan los populares, sirven para demostrar «que Génova establecía un límite máximo de gasto para cada provincia, que la de Valencia era conocedora y que nunca lo rebasó».

En este punto vienen referidos los gastos electorales de mailing, publicidad exterior y grandes medios, los cuales, afirma Montserrat Tello, «se sufragaban desde Madrid y no por las provincias, y mucho menos por los grupos municipales».

Facturas

El PP también remite al juzgado la totalidad de las facturas electorales localizadas en la sede provincial, incluyendo aquellas por importe inferior a mil euros que no son exigidas por el Tribunal de Cuentas después de que éste aportara las de 2011 y 2015.

Por último, los populares solicitan la declaración, en calidad de testigo, de Don Carlo Lucca, director de auditoría del partido, quien analizó las cuentas provinciales y las electorales abiertas en ambas campañas.

«Esta diligencia de investigación se considera esencial y necesaria, en este momento procesal para acreditar la realidad de las auditorías efectuadas, así como al objeto de contrastar, a través de una testifical de un profesional experto en la auditoría de cuentas, extremos tan relevantes como: la falta de conocimiento del partido de los gastos que pudieron acometerse desde el grupo municipal y, en consecuencia, su imposibilidad de incluirlos en la contabilidad del partido; las directrices impartidas desde la sede central en relación con la contabilización y el control del límite del gasto electoral; y los criterios seguidos a la hora de contabilizar los gastos electorales y su comunicación al Tribunal de Cuentas, entre otros», razonan.

El PP, todavía investigado

Esta argumentación del PP contrasta con la de Mari Carmen García Fuster, una de las principales investigadas en este caso. En su declaración aseguró que la formación sabía de la existencia de la cuenta opaca puesto que ella informaba de los gastos electorales y que incluso enviaba las facturas a la dirección provincial, con lo que ésta se encontraba al corriente de todos los ingresos y gastos de las campañas. Aun así, apuntó que desconoce si las hacían constar o no en la contabilidad electoral y señaló que en ningún momento se superó el techo de gasto establecido legalmente.

Vistas estas contradicciones, el juez pidió una serie documentación al partido para comprobar su grado de implicación en el presunto delito electoral. Ahora, y tras la presentación de todos estos documentos (además otros nuevos solicitados en los que se compruebe que el PP trató de poner medidas para evitar estas irregularidades), los investigadores tendrán que decidir hasta qué punto existe implicación real del partido para dejarlo o no fuera de la causa, ya que ahora se encuentra investigado como persona jurídica por blanqueo.