Caso TaulaEl juez imputa a Alfonso Grau en el caso del presunto delito electoral del PP en Valencia

El inicio de las declaraciones en el marco de la investigación del presunto delito electoral (financiación irregular) cometido en Valencia durante los comicios municipales de 2011 y 2015 ya ha tenido las primeras consecuencias.

Las sospechas recaen ahora sobre el exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, a quien el juez ha citado a declarar como imputado el próximo 19 de septiembre en la pieza separada del supuesto blanqueo de capitales cuyas diligencias se ampliaron a delito electoral. Según fuentes próximas a la causa, esta imputación responde a su responsabilidad al frente del comité de campaña durante la época de estos hechos.

La investigación conecta el blanqueo de capitales de 50.000 euros–a través de donaciones de mil euros que luego habrían sido devueltas en billetes de 500– con la hipotética financiación irregular del partido.

El juez entiende que se desprenden indicios de que, a través de la cuenta del opaca que se manejaba en el grupo municipal popular en la que se ingresaban las cantidades –carente de fiscalización–, se efectuaron pagos para las campañas de 2011 y 2015, cometiendo una infracción tanto de la ley de financiación de partidos como de régimen electoral. Es decir, que el blanqueo sería el precedente instrumental necesario (recaudación y afloramiento del dinero negro) en la comisión del delito electoral.

Para establecer esta conclusión, además del informe de la Guardia Civil en el que atribuía «delito electoral continuado» al PP de Valencia por los gastos de las campañas, han resultado fundamentales las declaraciones judiciales de la que fuera secretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster. En ellas se negó a desvelar el origen de varios ingresos por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero. El juez consideró «significativo» este silencio, ya que podía puntar a un origen ilícito.

También su comparecencia de este lunes fue clave para la imputación de Grau. Aunque no lo nombró directamente, sí señaló al comité de campaña como responsable de los gastos electorales.

Enfrentamiento con Barberá

Grau fue director de este órgano hasta su dimisión en marzo del año pasado por su procesamiento en Nóos. Sonora es su enemistad, desde ese momento, con Rita Barberá, de quien fuera mano derecha y que ahora permanece a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su causa. Que acabara apartado se sumó al hecho de que su mujer, la exconcejal de Cultura María José Alcón –también investigada en la misma causa y que aparecía en grabaciones con el «yonki» del dinero Marcos Benavent contando billetes de supuestas comisiones–, no fuera incluida en puestos altos de la lista electoral para las pasadas municipales (ocupó el 16 cuando la previsión eran 13 concejales).

A Grau no le sentó nada bien esta decisión y se enfrentó a Barberá por esta cuestión, a quien, según consta en el sumario, le llegó a decir que «en esta familia el cupo de castigar a inocentes para salvar a responsables te lo hemos cubierto».

De hecho, este martes se mostraba molesto por su citación y se preguntaba por qué la exalcaldesa no ha sido también imputada. Fuentes próximas a Grau han precisado, según ha publicado EFE, que no le consta que hubiera cuentas opacas, aunque sí tenía firma en dos cuentas junto a García Fuster y su administrativa María Jose Pi, pero «nunca hizo uso» de ellas.

Junto a él tendrán que comparecer otros tres cargos del PP: el que fuera administrador de la candidatura del PP para las elecciones municipales de 2011, José Antonio Moscardó, después de que el PP lo identificara con un escrito al juzgado; el exalcalde de Moncada y exvicesecretario de organización del partido en la provincia, Juan José Medina; y el asesor municipal Alejandro Fernández Checa.

Mientras los dos primeros figuran como autorizados en una cuenta bancaria que investiga el juzgado por no estar sometida a fiscalización alguna, el último figura como titular de otra cuenta bancaria en la que el partido ingresaba el dinero procedente de la venta de la lotería de Navidad.

Las anteriores declaraciones por este delito han sido las de García Fuster y la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015 Montserrat Tello. Ambas se contradijeron en relación con el conocimiento que el PP provincial tenía de la existencia de una cuenta opaca en el partido.