María José Alcón, en una imagen de archivo
María José Alcón, en una imagen de archivo - ROBER SOLSONA

Caso TaulaUn informe forense concluye que la medicación de la exconcejal Alcón no afectó a su salud mental

La Audiencia rechaza el recurso de la exsecretaria del grupo municipal popular para obtener la transcripción íntegra de la conversación de la exedil con su hijo

VALENCIAActualizado:

La ampliación de la pericial médica a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón -investigada en la pieza del caso Taula relativa al presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal popular- no ha arrojado demasiadas diferencias respecto a la primera.

El juez aceptó la petición del edil Cristóbal Grau del pasado noviembre para que los médicos forenses realizaran un informe psiquiátrico complementario a Alcón en el que se analizaran los efectos de la medicación durante su ingreso en una clínica en abril de 2015. Una solicitud que se producía después de una declaración de la exconcejal ante el magistrado en la que negaba el blanqueo que explicó a su hijo en unas conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil -y que son una de las pruebas más importantes de esta pieza-, atribuyéndolo a su «estado paranoide» y a sus problemas psiquiátricos.

En la ampliación, el documento concluye que la medicación que tomó no le provocó «una descompensación mental digna de mención». Sólo tiene en ella «efectos curativos» según el informe, que destaca una «mejoría progresiva» durante su mes de ingreso. Período en el que se encontraba sometida a un fuerte estado de estrés debido, según explicó Alcón, al «acoso mediático» que recibía su marido, Alfonso Grau (exvicealcalde de Valencia) y otros miembros del partido.

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado el recurso interpuesto por la que fuera secretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster, en el que pedía la transcripción íntegra de la conversación de Alcón con su hijo. El juez de instrucción lo rechazó al permitir que se acudiera a sede judicial a escuchar el audio. Ahora, la Audiencia avala esta decisión y afirma que no vulnera el derecho de defensa.