Caso TaulaExtrabajadores de Imelsa niegan ante el juez que sus finiquitos fueran irregulares

Los extrabajadores investigados por los contratos ficticios en la Diputación de Valencia han comenzado a declarar este viernes ante el juez encargado de la Operación Taula. En total, han sido cuatro de los nueve citados (el resto acudirá el próximo lunes) por la pieza separada del caso Imelsa en la que se incluyen las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su vínculo laboral con la empresa pública. Entre ellos, se encontraban el exdelegado de UGT Rubén Estornell o el ex teniente alcalde de Vallada, Frutos Biosca.

Todos han defendido que no cometieron ninguna irregularidad y que el cobro de sus finiquitos no incumple la legislación, según fuentes conocedoras del proceso. También que sus sueldos se ajustaban al puesto que desempeñaban. A su salida del juzgado, Frutos Biosca, ha asegurado que no tenía «ni idea» del motivo por el que había sido citado y que a él le despidieron «como a muchos otros», pero no sabe «por qué».

El magistrado considera que existen sospechas de que pudiera haber existido algún tipo de «maquinación concertada» entre la empresa y algunos trabajadores para que éstos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un «innecesario y arbitrario enriquecimiento» a costa del erario público.

En el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que se incluye en el sumario de esta pieza, se llama la atención sobre estos «desproporcionados» finiquitos en ocho casos. El principal confidente de toda esta operación (y exgerente de Imelsa), Marcos Benavent, admitió ante el magistrado que la política de la empresa era conceder la máxima indemnización (45 días) y que, durante su primer mes en el cargo, se encargó de despedir a 70 u 80 personas por el exceso de personal que había.

Entre los casos que se investigan destaca el de Honorio Estornell, exalcalde de Llutxent por Izquierda Unida y padre de Rubén, otro de los imputados. Estornell fue despedido en 2008, año en el que solo estuvo dado de alta el 1 de enero. Por ese único día, festivo, percibió una retribución de 37.607 euros, según el informe de la UCO -que recoge datos de Hacienda-, y además otros 72.251 euros de liquidación por el despido.

En esta pieza separada figuran como investigados por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental un total de 28 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus; el que fuera jefe de gabinete, Emilio Llopis o el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

También José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba; el exdirector financiero de dicha sociedad -citado el próximo lunes- y la que fuera jefa de Recursos Humanos de Imelsa, por sus atribuciones para llevar a cabo las contrataciones bajo sospecha.