El presidente valenciano Ximo Puig, junto a la vicepresidenta Mónica Oltra, en la tribuna del público del Congreso
El presidente valenciano Ximo Puig, junto a la vicepresidenta Mónica Oltra, en la tribuna del público del Congreso - ÁNGEL DE ANTONIO

Aprobada, por tercera vez, la reforma del estatuto valenciano, pendiente del Gobierno

Si no se constituye un Ejecutivo y las Cortes vuelven a disolverse en un mes, la modificación volverá a quedar en suspenso

MADRID Actualizado: Guardar
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Representantes de las Cortes Valencianas de todos los partidos se han desplazado hasta el Congreso de los Diputados para debatir, por sexta vez, la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Valencia. Una modificación que pretende una financiación más justa de esta comunidad, que ponga en relación la población con la inversión, y que hasta ahora ha tropezado una y otra vez con distintos obstáculos, ha sido aplazada o ha tenido que repetirse por la disolución de las Cortes. Esta vez, de nuevo se ha aprobado por una mayoría de votos tomarla en consideración, pero que queda en suspenso, a la espera de que se materialice la Legislatura con la constitución de un Gobierno. Si éste no se da, las Cortes se disolverán en un mes y la reforma estatutaria valenciana tendrá que seguir esperando.

El presidente valenciano, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra, han seguido con atención el intenso debate, en el que la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, denunció que la mala situación de Valencia se ha debido al "modelo de financiación nefasto" que aprobó el PSOE, "y que fue votado y aplaudido por quienes hoy vienen aquí rasgándose las vestiduras". Sus palabras han provocado una dura réplica del diputado nacional de Compromís Joan Baldoví: «El PP -le ha dicho- ha sido una plaga para los valenciano», para a continuación denunciar que la pobreza no era sólo de financiación, sino también de inversiones en nfraestructuras.

En defensa de Bonig ha saltado Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, que le ha recordado que «los valencianos nos volvieron a dar la victoria, y a usted a derrotarles». A lo que Baldoví insistió: «La corrupción no se cura con votos».

El PP, a favor de esta reforma estatutaria, que si aún no se ha aprobado definitivamente, ha asegurado el concejal popular Gerardo Camps Devesa, es porque «algunos partidos forzaron unas segundas elecciones generales», ya que «sin gobierno no hay financiación autonómica». También el PSOE ha apoyado esta modificación estatutaria, defendiendo que con ello se acabarían «dos décadas de prepotencia y abuso», como ha dicho el diputado socialista Julián López Milla.

El diputado de ERC Joan Tardá igualmente ha apoyado la modificación estatutaria, al considerar que el Estado español «ha pagado a Valencia con el expolio económico» y ha asignado en los Presupuestos Generales del Estado «a cada valenciano menos recursos que la media española». El mismo argumento que ha utilizado la diputada de Podemos Ángela Ballester, quien ha acusado al ministro Montoro de tratar injustamente a la Comunidad Valenciana, y ha denunciado los 270.000 alumnos sin instalaciones adecuadas, o las 40.000 personas que no reciben las ayudas que necesitan de la Ley de Dependencia por falta de fondos. Ballester ha arremetido contra los populares y s«corrupción» que «ha derrochado dinero de todos los valeancianos», y ha pedido al presidente Ximo Puig que se aclare: «¿Va a decantarse por facilitar el gobierno de quienes nos ha negado tanto tiempo una financiación justa?».

No lo ha hecho, sin embargo, Toni Cantó, de Ciudadanos, quien ha acusado a los representantes de Las Cortes de «sobreactuar» y «no hacer nada» para evitar que Valencia siga perdiendo cada año 1.400 millones de euros. Ha acusado a PP y PSOE de tener «ambos» la culpa de los problemas de financiación, por haber gobernado con mayorías absolutas y no haber solucionado el problema, y a los populares en concreto de ser responsables directos de «un agujero de 4.000 millones de euros» en la Comunidad Valenciana a consecuencia de la corrupción. También ha tenido críticas hacia Compromís y el tripartito que gobierna Valencia ahora, a quienes ha acusado de ineficacia y de «ilapidar, en poco más de un año, más de lo que vienen aquí a exigir» rechazando inversiones de millones de euros que hubieran creado decenas de miles de puestos de trabajo.

La toma en consideración de la reforma estatutaria valenciana tiene como objeto crear la conocida como «cláusula Camps», impulsada por este expresidente de la Generalitat, para asegurar una inversión anual del Estado en la Comunidad Valenciana equivalente en proporción a la población de esta región: en torno al 11 por ciento. Una cifra a la que, recordaron los distintos representantes de las Cortes Valencianas, nunca se ha alcanzado. La modificación del Estatuto ha llegado seis veces al Congreso de los Diputados, pero sin éxito: en cuatro ocasiones el asunto fue retirado del orden del día, a petición de los propios interesados, y en las otras dos -septiembre de 2015 y abril de 2016-, la reforma fue admitida a trámite pero las Cortes se disolvieron para celebrar elecciones, lo que ha obligado a repetir, una vez más, el debate. En un mes se sabrá si de forma definitiva.

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