Política

Antifraude inicia un expediente de investigación por la subvención de 10.000 euros de Ribó a Ca Revolta

La agencia quiere determinar «la existencia de presuntas irregularidades» en las ayudas del Ayuntamiento de Valencia

Joan Ribó, en una imagen de archivo ROBER SOLSONA
Rosana B. Crespo

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La Agencia Antifraude dirigida por Joan Llinares ha decidido iniciar un expediente de investigación por la subvención de 10.000 euros otorgada el pasado diciembre por el Ayuntamiento de Valencia a la entidad Ca Revolta . Las ayudas denunciadas se tramitaron en un expediente del gabinete de la Alcaldía impulsado por Joan Ribó.

La Intervención del Consistorio, en un informe de fiscalización previa pocos días antes de la resolución, hace constar como observación complementaria que «no se acreditan en el expediente las razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública ».

La agencia ha comprobado la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos comunicados a los efectos previstos de la ley que la rige. Entre sus fines se encuentra la «investigación de posibles casos de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho, así como los actos o las omisiones que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, disciplinaria o penal y, en función de los resultados, instar a la incoación de los procedimientos que corresponda para depurar responsabilidades».

Por todo ello, Antifraude ha acordado el inicio de actuaciones de investigación del procedimiento de ayudas, para lo cual requiere al Ayuntamiento la aportación de documentación : por una parte, las obligaciones reconocidas en concepto de subvención a favor de Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta; y, por otra, el original o copia compulsada de los expedientes que soporten las obligaciones mencionadas.

El Consistorio tenía un plazo de diez días hábiles para entregar los documentos en una resolución fechada el pasado 26 de abril, por lo que muy posiblemente ya hayan sido remitidos. Contra ella no cabe recurso, aunque sí alegaciones.

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