Dolores
Un alcalde socialista alicantino vende una casa por 335.000 euros y factura 160.000
Un juzgado cita a José Joaquín Hernández a declarar por la posible estafa denunciada por la compradora, que se encontró una multa urbanística
El alcalde de Dolores y diputado provincial del PSOE en Alicante, José Joaquín Hernández Sáez, está citado a declarar en un juzgado de Orihuela por una supuesta estafa en la venta de una casa en 2015 por 335.000 euros que -según la compradora y querellante- con una factura de solo 160.000 euros.
El juzgado de instrucción número 2 oriolano ha admitido a trámite la querella y ha abierto diligencias previas. En un auto fechado el 13 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ordena que se tome declaración al querellado el próximo 27 de junio y pide información tanto al Ayuntamiento de Dolores como al Registro de la Propiedad y al catastro con el fin de recabar información sobre los hechos denunciados.
El precio de compra pagado por la vivienda en cuestión y sus anexos fue de 335.000 euros, si bien en la escritura de compraventa se puso como precio la cantidad de 160.000 euros, pagados 30.000 de ellos mediante transferencia y 130.000 con cheque bancario nominativo. El resto fue pagado en efectivo metálico, "comprometiéndose" Hernández a facilitar factura por tal importe pero que "nunca entregada" a la compradora, según consta en la querella.
Oficial del Registro
En el escrito se sostiene que Hernández Sáez se habría valido presuntamente de su condición de oficial del Registro y alcalde de Dolores para conseguir "un engaño" en la venta de una casa al asegurar la inexistencia de cualquier tipo de sanción urbanística por la vivienda y que no se impondrían nuevas sanciones por la terminación de lamisma.
Sin embargo, "a los pocos días de comprar la vivienda, cuando se estaba arreglando", el Ayuntamiento del municipio incoó expediente sancionador por infracción urbanística y expediente de protección de la legalidad urbanística e informó de la existencia de diversos expedientes de paralización entre los años 2003 y 2007 por la realización de obras "no legalizables".
Resultado de esto es que la querellante, siempre según su versión, ha recibido recibir "una sanción urbanística por importe de 100.915,55 euros por las obras de terminación de la vivienda principal" cuando el alcalde querellado "manifestó expresamente que estaban amparadas por un certificado de terminación de obras y que no podían ser sancionadas, dando además su garantía y su palabra como alcalde ", insiste.
En el escrito también consta que para "poder realizar el engaño", el alcalde otorgó escritura de "declaración de obra nueva , pero teniendo en cuenta su doble condición de Oficial de Registro y Alcalde y su amplio conocimiento técnico registral, no fue presentado en el Registro de la Propiedad desde agosto de 2014 hasta diciembre de 2015", es decir, "hasta que no fue vendida de palabra a la querellante".
Asimismo, la querella sostiene que antes de estos hechos " ya se había intentado realizar esta estafa a otra compradora extranjera ", por lo que apunta que podría tratarse de un posible delito continuado de estafa.
