JpS y la CUP pactan observadores internacionales para la consulta

Lo anunció la semana pasada el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y quedará ratificado este jueves de manera formal en el Parlamento catalán: los grupos independentistas quieren celebrar, como muy tarde en septiembre de 2017, un referéndum de autodeterminación. Junts pel Sí y la CUP, en una alianza estratégica que pretende llevar Cataluña a la ruptura pero que a la vez es incapaz de pactar unos Presupuestos, aprobarán este jueves una propuesta de resolución que certifica su apuesta por el referendo, tanto si es con «acuerdo político con el Gobierno» como en su «ausencia».

Como concesión a la CUP, además de la unilateralidad, JpS acepta incluir la creación de una comisión de seguimiento antes del 31 de diciembre para el «impulso, control y ejecución del referéndum».

En paralelo, se pacta que antes de acabar el año se haya redactado, que no aprobado, la ley de Transitoriedad Jurídica, clave en el proceso de desconexión y que regulará conceptos como el de nacionalidad o el del poder judicial en el tránsito de la legalidad española a la catalana.

De igual forma, se pacta la constitución, antes del 31 de diciembre, de una comisión internacional de seguimiento del proceso. Como novedad, y despejando una de las incógnitas del proceso, Jps y la CUP han acordado que el referéndum tendrá validez con más del 50% de «síes».

La propuesta de resolución acordada entre JpS y la CUP, dentro del debate de Política General, no será la única que haga alusión a la consulta. Catalunya Sí que es Pot (CSP) también presentará la suya, que confían sea apoyada igualmente por JpS, jugando a doble banda. En el texto de los «comunes» se incluye como condición para la consulta el «reconocimiento previo» de la comunidad internacional para que tenga «efectos jurídicos y políticos reales». En su propuesta, CSP no alude a la condición de referéndum «pactado» con el Estado, lo que se lee como una concesión a la unilateralidad y un acercamiento a la mayoría soberanista.

En cualquier caso, el acuerdo para sacar adelante la consulta contrasta con las discrepancias de fondo con respecto a los Presupuestos. Mientras que Puigdemont insistió en que no hay margen para una subida del IRPF para las rentas altas, los antisistema insistieron en una medida que, en parte, ya hizo naufragar los Presupuestos en junio. «La fortuna a gravar es el Estado», les contestó Puigdemont.

En todo caso, y empeñado en demostrar que una hipotética república catalana sería viable separada de España, el presidente de la Generalitat dibujó ayer una comunidad idílica, prácticamente de perfil danés, lo que llevó a los partidos de la oposición a preguntarse para qué necesita Cataluña la independencia cuando los catalanes, según el presidente, ya viven de hecho en Itaca.