El tripartito independentista catalán pacta una resolución para seguir desobedeciendo las leyes
JpC, ERC y la CUP defienden que seguirán reprobando a la Monarquía y aprobando la autodeterminación
JpC, ERC y la CUP han registrado conjuntamente, este martes, una propuesta de resolución que se votará en el Parlamento de Cataluña con el propósito de dar una «respuesta» institucional a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes del 1-O, al Tribunal Constitucional (TC) y al Gobierno de España. Una propuesta que reta a las instituciones del Estado pues en el texto se defiende de forma indirecta que no se acatarán sus decisiones.
En la propuesta de resolución, los tres grupos instan al Parlamento autonómico a que «rechace» la sentencia del Supremo, «exige» la libertad de los condenados por el procés , «el fin de le represión», «censura» que el TC limite su autonomía y advierte a «los poderes del Estado», entre otros aspectos, que el Parlamento de Cataluña seguirá aprobando «tantas veces» como quieran sus diputados «la reprobación de la Monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».
El texto acordado por los tres grupos que sostienen al gobierno catalán ( JpC, ERC y la CUP ) se votará en el pleno siguiente al de esta semana, que empieza mañana, según los cálculos de los proponentes, al haber contado con el visto bueno de la Mesa del Parlamento catalán hoy mismo.
En este sentido, todos los miembros de la Mesa, máximo órgano de gobierno parlamentario y de mayoría independentista, están advertidos por el TC para que eviten la tramitación de propuestas que vayan en contra del ordenamiento constitucional; una advertencia que, recientemente, el Alto Tribunal extendió a Quim Torra, presidente de la Generalitat.
Advertencia de los letrados
En relación a la propuesta de resolución aprobada hoy por la Mesa, los letrados se han limitado a advertir de que el punto (once), que hace referencia a la intención de volver a desobedecer las leyes (reprobar la Monarquía, aprobar la autodeterminación y la soberanía de Cataluña), genera dudas pero, según fuentes parlamentarias consultadas por ABC, no habrá un informe de los Servicios Jurídicos para valorar la propuesta. Un informe que, por otro lado, necesita del visto bueno del presidente, Roger Torrent (ERC).
El acuerdo del tripartito nacionalista incluye una exposición de motivos y quince puntos a desarrollar, que son, en resumen, una reafirmación de las posiciones políticas y censuradas legalmente por los tribunales. Así, se apunta a que en Cataluña se vive una «regresión» en derechos y libertades, se «criminaliza» a la disidencia política, se «vulnera» la representación política y se sufre una «situación de excepcionalidad democrática». Y todo esto porque el Supremo y el TC no han dado la razón a las demandas secesionistas.
Por ello, JpC, ERC y la CUP forzarán al Parlamento de Cataluña aplicando su mayoría a que la institución se posicione rechazando la sentencia «injusta» del Supremo y que crea un «precedente inaceptable»; critique las decisiones del TC, tribunal que considera censor; insista en que se tratarán todos los asuntos que consideren oportunos, como reprobar a la Monarquía, asegurar que la Cámara es soberana y defender la autodeterminación; defender que el movimiento secesionista es «cívico y no violento»; y reiterar en calificar las peticiones nacionalistas como un «conflicto entre Cataluña y el Estado de naturaleza política».
Entre los puntos acordados también figura uno que hace referencia a los once años y medio de prisión por sedición con los que ha sido condenada la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell (ERC), una condena que JpC, ERC y la CUP consideran «un escándalo democrático» y cuyo motivo, únicamente, ha sido su defensa a que los diputados pudieran «hablar de todo».
Finalmente, la propuesta de resolución insta al gobierno catalán a «promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias», en todos los ámbitos, «para conseguir una solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el Estado».
