Torra convierte su comparecencia ante el TSJC por los lazos amarillos en un acto electoral

El presidente de la Generalitat asegura antes de declarar: «Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias»

Torra, con miembros de su gobierno y representantes de entidades soberanistas, antes de enrar en el TSJC EFE

Abc

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, declara hoy como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por no retirar los lazos amarillos, en una comparecencia a la que, en plena campaña electoral, ha acudido arropado por su Govern y por alcaldes y entidades soberanistas .

"Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias", ha señalado Torra en un apunte en las redes sociales antes de entrar en el Palacio de Justicia, a las puertas del cual unas 200 personas con banderas independentistas le han acompañado.

El presidente catalán ha sido citado ante el juez del TSJC Carlos Ramos, a raíz de la querella de la Fiscalía que le acusa de un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central de sacar los lazos de los edificios públicos en la campaña de las elecciones generales, símbolos que acabó retirando, ya fuera de plazo, tras recurrir sin éxito al Tribunal Supremo.

Con esa imagen de apoyo del independentismo en su comparecencia ante la justicia, Torra sigue los pasos del expresidente catalán Artur Mas, cuando en octubre de 2015 acudió a declarar como investigado por el 9N, aclamado por cerca de 6.000 manifestantes y unos 400 alcaldes soberanistas con las varas alzadas, en una imagen que fue criticada por el TSJC por considerarla un ataque a la independencia judicial.

Sin hacer uso de la prerrogativa que le permitiría ser interrogado en su despacho por su cargo de presidente de la Generalitat, Torra ofreció al TSJC prestar declaración el 15 de mayo, en plena campaña de las elecciones municipales y europeas , después de que el alto tribunal catalán le consultara por su agenda.

Quim Torra aseguró ayer, al cumplirse un año de su investidura, que acudirá al TSJC no a defenderse, sino a "acusar al Estado español" de lo que entiende una vulneración del derecho a la libertad de expresión, por la orden de retirar los lazos amarillos en la campaña de las elecciones generales del 28 de abril.

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