El Parlamento de Cataluña insta a la Generalitat a que se persone contra Convergència en el caso Palau

El Parlamento de Cataluña ha instado hoy a la Generalitat a que se persone contra Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el caso Palau, a través del Consorcio de la institución cultural a la que pertenece la administración autonómica junto al Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno.

La decisión se ha adoptado después de cambiar el orden del día del pleno parlamentario (decisión tomada por unanimidad de los grupos) para incluir dos propuestas, de CSQP y la CUP, que han contado con el apoyo de todos los grupos menos de Junts pel Sí (JpS), que finalmente ha divido su voto, unos diputados autonómicos han optado por votar a favor, otros por abstenerse y otros por votar en contra.

De esta manera, los diputados autonómicos de ERC han votado a favor, los representantes del PDECat (partido heredero de CDC) han optado por abstenerse tras ver que las propuestas de CSQP y la CUP iban a prosperar; y tres miembros de JpS han votado en contra (entre ellos Germà Bel) de que la Generalitat se persone contra CDC.

El Consorcio del Palau de la Música decidió en su última reunión no presentar acusación contra CDC en las alegaciones finales del juicio del caso Palau. En la reunión del Consorcio, los tres votos de la Generalitat se impusieron a los dos del Ayuntamiento de Barcelona (partidario de presentarse contra CDC, una vez vista la documentación y oído a acusados y testigos), mientras que no acudió ningún representante del Ministerio de Cultura (que tiene otros dos votos).

Hoy, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado que el Gobierno no apoyó la decisión de personarse contra CDC porque fue desaconsejado por los servicios jurídicos y porque vieron que era una «batalla política» entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, y otra en el seno del gobierno autonómico, entre el PDECat y ERC.

«Indefensión a posibles terceros»

Durante la sesión plenaria de hoy, antes de la votación de las dos propuestas sobre el caso Palau, y a preguntas de los grupos parlamentarios, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, sobre este tema del Consorcio, ha negado que el gobierno autonómico haya dado «instrucciones políticas» a sus servicios jurídicos y ha defendido la posición «honesta» del ejecutivo autonómico.

En este sentido, Munté ha explicado que la Generalitat adoptó su decisión de no personarse contra CDC en base a los informes de los servicios jurídicos de la Generalitat. Y ha reiterado que «llegará hasta el final», pero cuando se dé a conocer la sentencia que confirme el desvío de dinero y el pago de comisiones irregulares a CDC.

En la misma línea se ha manifestado el consejero de Cultura, Santi Vila, asegurando que la Generalitat actuará cuando exista una sentencia firme. En este sentido, Vila ha criticado la actuación de la Fiscalía y los saqueadores confesos, Fèlix Millet y Jordi Montull, por llegar a un acuerdo durante el juicio.

«Sólo dirimimos si hacemos caso a delincuentes confesos que han pactado con la Fiscalía, y dejamos en una posible situación de indefensión a posibles terceros (CDC)», ha añadido Vila tras una pregunta parlamentaria sobre este tema del PSC.

Nueva reunión el martes próximo

Por otro lado, el Patronato del Consorcio del Palau volverá a reunirse de forma extraordinaria el próximo martes, 23 de mayo a las 13.00 horas, a petición de la vicepresidencia del organismo, que recae en la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para valorar que, finalmente, el Consorcio se persone contra CDC en el caso Palau.

La secretaria del organismo, Pilar Bayarri, ha enviado hoy a los integrantes de la entidad una carta en la que se les informa que habrá dos puntos en el orden del día: «Reconsideración del posicionamiento del Consorcio en la fase de conclusiones en el proceso judicial que se sigue ante la sección 10ª de la Audiencia Provincial, a la vista de informaciones que no constaban en la reunión del 12 de mayo» y «Turno abierto de palabras».

Colau, como vicepresidenta del Consorcio, tiene potestad para convocar una reunión extraordinaria y urgente del patronato para que el Gobierno y la Generalitat puedan pronunciarse sobre si finalmente acusan a CDC, después de lo ocurrido en la reunión del pasado viernes 12.