Un protocolo protegerá a los enfermos que dependen de una máquina para vivir de los cortes de luz

La Generalitat impulsa una iniciativa para que desde los CAP se avise a las compañías energéticas de los casos que requieren conexión eléctrica para su tratamiento

Los consejeros, esta mañana en un CAP tras la presentación del protocolo GENCAT.CAT

D. C.

La Generalitat ha activado un protocolo para proteger a las personas con dependencia energética vinculada a la salud , es decir, aquellos enfermos que dependen de la electricidad para poder vivir, ya que necesitan estar conectados a una máquina. La iniciativa ha sido impulsada en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y se ha hecho extensivo a toda Cataluña.

Pueden encontrarse en esta situación personas mayores afectadas por enfermedades crónicas de larga duración, como b ronquitis crónica, asma o insuficiencia cardíaca, pero también enfermos renales o jóvenes que padecen enfermedades neurodegenerativas incapacitantes que requieren bombas de perfusión con conexión eléctrica para su tratamiento.

El protocolo, que se ha presentado este jueves en el CAP Indianes de Montcada i Reixac con la participación del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; la consellera de Salud, Alba Vergés; el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, y la alcaldesa de este municipio, Laura Campos, se activó el pasado 1 de enero y desde entonces los profesionales de los CAP de toda Cataluña se han sumado a la tarea de los servicios socialesmunicipales en la detección de casos de vulneración energética.

Avisar a las energéticas

A través del nuevo protocolo, los pacientes en situación de dependencia energética y que requieran un tratamiento con maquinaria conectada a la red pueden trasladar la situación en la que se encuentran a los profesionales sanitarios. Una vez realizado este contacto, los CAP deben emitir un informe que acredite la situación de vulnerabilidad manifestada, y el paso siguiente es el traslado del caso a las compañías energéticas para evitar que les corten el suministro energético .

"Se trata de un protocolo pensado para atender casos específicos con especial cuidado, donde se depende de un dispositivo conectado a la electricidad, es una cuestión de sobrevivir y de salud ", ha señalado la consellera Alba Vergés.

Los centros sanitarios de proximidad serán los encargados de detectar y actuar a favor de las personas en riesgo de pobreza energética, tanto a través de la consulta como en las visitas a domicilio que llevan a cabo los profesionales. En este circuito, configurado a través del nuevo protocolo, se recogen una serie de alertas sanitarias para identificar los casos, concretamente con pacientes con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o articulares.

Según ha apuntado el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, unas 115.000 personas se encuentran en una situación de dependencia energética en Cataluña y necesitan una conexión eléctrica para llevar a cabo tratamientos necesarios por razón de enfermedades crónicas. "Tres de cada cuatro casos son mujeres que viven solas y mayores de 75 años, que es donde se encuentra focalizada la cronicidad de las enfermedades", ha añadido Aragonès en una atención a los medios de comunicación.

En estos casos, ha dicho, se detecta un alto porcentaje de personas que tienen dificultades para hacer frente a las facturas cotidianas de diferentes servicios, como lo son el alquiler o las cuotas de la hipoteca, servicios como el de telefonía o mantener la casa bien climatizada.

Atención médica más garantizada

Con la nueva articulación entre los dos departamentos de la Generalitat, se abre la puerta a incrementar la detección de casos y garantizar así una buena asistencia médica en los hogares cuando los pacientes requieren de la electricidad .

"Los CAP son espacios centrales de la vida cotidiana, es relevante que puedan ser una antena social para detectar situaciones de vulnerabilidad y poder aplicar soluciones para asegurarnos de que no nos dejamos a nadie en posible situación de pobreza energética", ha añadido el conseller Chakir el Homrani.

Según datos de la Generalitat, en 2017 los servicios sociales atendieron a 105.454 personas de 36.715 hogares con deudas por recibos impagados de servicios básicos como el agua, la luz o el gas, 4.000 más que en 2016.

El importe de Salud destinado al concepto de ayudas de urgencia social por suministros creció un 32 % respecto al ejercicio anterior, situándose en 7,2 millones de euros.

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