El Arzobispado de Barcelona ha registrado 133 inmuebles a su nombre «legalmente»
La Iglesia defiende que con estas inmatriculaciones se garantiza la conservación de los edificios, entre los que se encuentran Santa María del Mar o la basílica de la Mercè
El Arzobispado de Barcelona ha inmatriculado en los últimos 20 años un total de 133 inmuebles que hoy ha dado a conocer para defender la legalidad de estos registros de propiedad ante la polémica suscitada por la inscripción de bienes a nombre de la Iglesia que algunos sectores consideraban públicos.
En un encuentro con la prensa, el ecónomo del Arzobispado de Barcelona entre 2005 y 2018, Antoni Matabosch, ha defendido las buenas prácticas de su diócesis en las inmatriculaciones y ha asegurado que "en este proceso hemos cumplido escrupulosamente la legalidad" , aunque no ha descartado que en los procedimientos de otras diócesis "a lo mejor sale algún problema".
Matabosch se ha referido a la polémica iniciada por el sindicato agrario Unió de Pagesos (UP), que denunció las inmatriculaciones de 430 bienes en las diócesis de Vic y Solsona, y ha lamentado que "se ha hecho una montaña" y que se podría haber resuelto "hablando de tú a tú".
El ecónomo ha subrayado su "apuesta por la transparencia" ante "las dudas generadas en las sociedad" y ha explicado que la diócesis registró 51 inmatriculaciones entre los años 1998 y 2015 -período durante el que se pudieron efectuar los registros de propiedad de los templos religiosos- y que en 16 casos se desistió por falta de documentos acreditativos de la propiedad eclesiástica.
Estas propiedades dudosas son principalmente ermitas del Maresme que se encuentran dentro de propiedades de particulares y se ha optado por otras vías como la negociación para "garantizar el uso de la gente".
Santa María del Mar o La Mercè
Dentro de estas 51 inmatriculaciones -25 en la ciudad de Barcelona y 26 en otras poblaciones de la diócesis- se incluyen 133 bienes inmuebles, entre los cuales destacan Santa María del Mar, el Palacio Episcopal o la Basílica de la Mercè.
Matabosch ha insistido en que los bienes registrados por el Arzobispado de Barcelona "siempre han sido de la diócesis" y que el procedimiento "no concede la propiedad", sino que solo da "seguridad jurídica".
En este sentido, el ecónomo ha subrayado que todos los registros efectuados por la diócesis han estado sujetos a ley, que establece que el obispo, como fedatario, presente un certificado con documentación -como archivos históricos del Arzobispado o permisos - que acredite la propiedad.
Además, ha recordado que cada registro, aunque legalmente no requería informar ni publicitarlo, puede ser enmendado judicialmente en caso de que apareciera un interesado que acreditara ser el propietario.
Asimismo, el ecónomo ha rechazado las acusaciones de especulación a través de los bienes inmatriculados y ha defendido que en muchos casos el patrimonio registrado supone más gastos que beneficios puesto que los costes de conservación ya corrían a su cargo.
Polémica de formas
El abogado del Arzobispado, Ramon Batlle, ha lamentado que la polémica haya surgido "más por las formas que por el fondo" al considerar que la inmatriculación es un proceso más propio de la administración pública.
Batlle ha defendido que la Iglesia católica podría haber registrado la propiedad de sus bienes a través de otros métodos como la usucapión, que convierte en titular de un bien a quien lo utiliza u ocupa pacíficamente y sin ninguna reclamación durante un tiempo determinado.
Ante las declaraciones del Gobierno de hacer publica la lista de todas la inmatriculaciones, Matabosch se ha mostrado dispuesto y abierto a "hablar y llegar a un acuerdo" en los casos donde pueda haber un error.
