Polémica por la «desokupación» al margen de la Justicia

«Intermediación legal, eficaz, segura y rápida». Así de claro se presenta en su web el servicio que oferta Desokupa, una empresa que ofrece a propietarios a los que les han invadido su vivienda recuperarla sin tener que esperar a que actúe la Justicia. Con más de 300 recuperaciones de pisos en un año, sus métodos extrajudiciales son cada vez más cuestionados por algunos sectores pero, paralelamente, su demanda de servicios crece sin parar.

Como explican, Desokupa actúa a partir de una intermediación rápida y supuesamente «amistosa» entre propietarios e inquilinos y ofrece acuerdos a estos últimos para que cedan: a menudo les pagan para que se vayan pero también pactan con ellos costearle la mudanza, por ejemplo. Sus «armas», lo exponen en un vídeo promocional, son el «diálogo y la coherencia».

No piensan lo mismo algunas entidades sociales y vecinales, que los acusan directamente de «matones». Tampoco el Ayuntamiento de Barcelona, que ha trasladado a la Fiscalía cuatro de sus actuaciones.

Para echar a los inquilinos, Desokupa emplea lo que llama «controles de acceso», que entre otros aspectos prohíbe a los invasores de pisos poder volver a ellos cuando han salido de casa. Pueden cobrar de 3.000 euros a hasta seis veces más por desbloquear una vivienda. A pesar de lo que muchos opinan, ellos defienden que «no coaccionamos, no amenazamos, incomodamos. Hablamos de usted, no alzamos la voz y aún menos la mano».

«Nuestros pasos están siempre respaldados legalmente por un equipo jurídico», reiteran. El administrador de Desokupa, J., detalla a ABC que antes de poner en marcha el negocio estuvieron estudiando las pesquisas legales durante meses. Desokupa nació en Barcelona después de que a uno de sus fundadores le «okuparan» una finca. «En tan solo un minuto pasas de ser propietario a una auténtica víctima, a perder el ahorro de toda una vida o el futuro de tus hijos», recuerda J. Él explica que los clientes les llegan «con un sentimiento de impotencia brutal y una angustia muy grande».

A nivel organizativo, un departamento operativo está en la calle haciendo guardia para sus clientes y un equipo de abogados se encarga de las cuestiones jurídicas. Además, para argumentar la normalidad de sus actuaciones, detallan que se han reunido con cargos de los Mossos, aunque no con el Ayuntamiento ni la Generalitat. «A ellos solo les interesa la independencia, no los problemas de la gente», ironizan desde la empresa.

Métodos cuestionados

Las explicaciones de estos desalojadores chocan con las críticas de algunos sectores, que reprochan duramente a Desokupa actuar a base de la intimidación y por tomarse la justicia por su mano. El primer y gran argumento para cargar contra ellos es que, ley en mano, solo un juez puede ordenar un desalojo. El aspecto de los «desokupadores» también es fuente de críticas. Todos los miembros de la plantilla son muy corpulentos, de aspecto intimidador. Algunos han trabajado como porteros de discotecas, otros son boxeadores y entre ellos se encuentra un antiguo militar kosovar.

La Asamblea del Raval, un barrio de Barcelona muy castigado por las okupaciones y en el que Desokupa ha participado con varios dispositivos, tilda de «matones» a estos grupos. Organizados por móvil, algunos vecinos del barrio intentan plantar cara a las intervenciones que pretende realizar la empresa y denuncian, además de sus malas formas, que durante sus actuaciones vetan el paso a inquilinos que nada tienen que ver con los okupas.

Esta controvertida actividad ha llegado también al Ayuntamiento de Barcelona. El Consistorio ha detectado en los últimos meses siete desalojos en la ciudad susceptibles de ser ilegales y cuatro de ellos fueron trasladados a la Fiscalía por claros indicios de coacción y amenazas, según explican fuentes municipales a ABC. Por uno de éstos, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) se querelló y existen diligencias penales abiertas. Un juzgado de Barcelona tiene pendiente la declaración de los responsables de Desokupa, pero la empresa asegura que todavía no tiene ningún aviso al respecto.

Por otro lado, el Ayuntamiento activó recientemente un controvertido protocolo interno para que la Guardia Urbana esté más atenta ante estos posibles casos y especialmente para que, si se dan, la policía se ponga del lado de los okupas. Desde el consistorio quieren evitar lo que ellos consideran claramente una práctica ilegal que afecta a colectivos vulnerables.

Servicios hechos por toda España

Desokupa tiene a 14 hombres en plantilla y prevé nuevas incorporaciones en breve. Además de su despacho en Barcelona, también están en Madrid y trabajan por toda España. Su web recibe unas 300 visitas al día y sus teléfonos –a los que ya no les caben más mensajes en el buzón de voz–, decenas de llamadas de interesados en sus servicios. «El problema de la okupación es lo que hay detrás de ella», incide J. apuntando a cuestiones sobre drogas y prostitución. «La iniciativa pública no puede llegar a todos los casos y no es normal que en el siglo XXI tengas que esperar años para que un juez decida si te va a devolver tu casa», apunta.