La Generalitat encargó publicidad del 1-O a empresas y no les pagó
Empresarios dicen en su declaración como investigados que un «intermediario» del Govern contactó con ellos
Un «intermediario» del Govern de la Generalitat encargó a empresarios trabajos de publicidad relacionados con el referéndum del 1 de octubre y no les pagó ni un euro . Lo aseguraron ayer dos empresarios en su declaración como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona , que investiga los preparativos de la consulta independentista.
Según explicaron fuentes presentes en las declaraciones, los responsables de estas empresas relataron al juez que un tal Enric Vidal, que se identificó como «responsable del departamento de diseño» de la Generalitat , les hizo estos encargos publicitarios.
Nunca le conocieron en persona porque solo mantuvieron contacto por teléfono y correo electrónico. Desde la Generalitat se les aseguró que este intermediario era un «freelance» sin un cargo en la administración catalana , según dijeron en su declaración judicial. La acusación particular tratará de averiguar quién era este tal Enric Vidal. Si este intermediario existe o era un nombre utilizado por la Generalitat a modo de «tapadera».
Ayer comparecieron como investigados cuatro empresarios: el gerente de la sociedad Buzoneo Directo, José Oriol González; el administrador de Global Solutions, Sergi Aymerich; Mar Martí, de Marc Martí Publicitat y el consejero delegado de Novoprint Sergio Bellido. Los tres primeros contestaron a las preguntas del juez, fiscal y resto de partes personadas, mientras que Bellido se acogió a su derecho a no declarar .
El juez los citó después de que la Guardia Civil incautase en una nave de Montcada i Reixac (Barcelona), propiedad de González, miles de dípticos para la consulta independentista .
El publicista Marc Martí fue uno de los investigados en la trama del Palau de la Música por camuflar con facturas falsas «mordidas» que la constructora Ferrovial pagó a Convergència a cambio de concesiones públicas. Fue absuelto en la primera sesión del juicio porque el presunto delito había prescrito.
Los empresarios confiaban en que iban a cobrar. Trabajaron en base a un presupuesto y no exigieron más garantías porque creían que la administración catalana no les fallaría , pues ya habían hecho trabajos ants para la Generalitat y no habían tenido problemas para cobrar, según justificaron ayer.
El juez mantiene imputadas a una treintena de personas en esta causa iniciada a raíz de unas revelaciones del exsenador de ERC Santi Vidal sobre supuestas irregularidades del Govern en el «procés».
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