Detenidos dos okupas que se encadenaron a bidones para evitar su desalojo en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos de los okupas de la casa Ca La Trava de Barcelona que se habían encadenado a bidones rellenos de cemento para evitar su desalojo y han denunciado a otros dos en aplicación de la llamada «ley Mordaza».
Según han informado los Mossos d'Esquadra, agentes de la policía catalana han finalizado el desalojo del edificio, en el que permanecían nueve personas que se negaban a abandonar el inmueble , situado en el barrio barcelonés de Gràcia y ocupado desde hace cerca de dos años.
Cuatro personas permanecían con los brazos insertados en bidones rellenos de cemento para evitar ser desalojadas, por lo que los agentes han tenido que intervenir para liberar a dos de ellas y las han detenido por los delitos de resistencia y desobediencia .
Otros dos de los okupas se han soltado de los bidones y han abandonado por su propio pie el edificio, tras lo que han sido denunciados en aplicación de la «ley Mordaza».
Tres okupas más que estaban en el edificio han sido identificados, en el marco de las diligencias que han abierto los Mossos d'Esquadra y que tienen previsto remitir al juzgado.
La policía prosigue con los trámites para entregar la finca ocupada a su propietario , según ha informado la policía catalana.
El desalojo, que se ha iniciado hacia las seis de la mañana, se ha llevado a cabo por orden del titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona.
La finca, propiedad de la sociedad Inmobiliaria Mar S.L.U., fue ocupada a finales de 2016 , según consta en el atestado que los Mossos d'Esquadra remitieron al juzgado con la denuncia presentada por la empresa titular de la misma.
En enero de año pasado, el titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona acordó abrir una investigación por un delito leve de usurpación y, tres meses después, ordenó el desalojo del edificio, aunque éste fue paralizado a raíz de un recurso presentado por la defensa de uno de los okupas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En mayo de 2017, fue la propietaria la que pidió la suspensión del proceso de desalojo dado que el Ayuntamiento de Barcelona le había remitido un requerimiento para llevar a cabo «un desalojo pacífico» a través de un proceso de mediación.
En ese proceso de mediación, el consistorio barcelonés mantuvo conversaciones con la propiedad del edificio para comprarlo, pero ante la falta de acuerdo, se reactivó el proceso de desalojo el pasado mes de mayo.
A raíz de un nuevo requerimiento del ayuntamiento, la inmobiliaria propietaria de la finca solicitó que se prorrogara el desahucio, que fue suspendido durante tres meses, hasta que el juez ordenó el desalojo definitivo , en una providencia dictada el pasado 2 de octubre.
