Joan López Alegre - Tribuna abierta
Colau 2, de los prejuicios a la gestión
«Maragall ha dicho que Colau se ha derechizado. No es cierto. Colau se ha dado de bruces con la realidad»
Acabamos de inaugurar el segundo mandato de Ada Colau, para unos un mal menor que casi parecía una bendición y para otros una desgracia. Su inicio de legislatura es muy distinto al anterior, tanto en la forma como en el fondo. En formas, el día de su elección un halo de melancolía parecía embargar a la alcaldesa. Entre el intolerable escrache indepe que sufrió en la plaza de San Jaime, cuando se dirigía a visitar a Torra, y el baño de masas de cuatro años antes hay un mundo. En el fondo, programático, el sindicato de manteros, la turismofobia o la municipalización de servicios públicos han pasado a mejor vida.
Maragall ha dicho que Colau se ha derechizado. No es cierto. Colau se ha dado de bruces con la realidad. Otra cosa es que ser realista sea ser de derechas. El mayor baño de realidad se lo ha dado Albert Batlle, nuevo responsable de Seguridad, cuando se ha abierto a la posibilidad de repatriar menas. Hace cuatro años hubiera sido la primera crisis de gobierno entre Colau y Collboni. Welcome refuges ya no es ni lema ni pancarta.
El segundo baño de realidad está en el programa de gobierno, sin ir más lejos muchas de las propuestas de remunicipalización de servicios con las que Colau inauguró su mandato en 2015 han desaparecido. Solo queda un apunte vago sobre la creación de un servicio funerario municipal, una propuesta contra la que ya se estrelló el mandato anterior.
Si bien la remunicipalización no triunfó, sí es cierto que Colau fomentó la competencia intervencionista creando una nueva compañía energética de titularidad municipal, que en realidad ha venido a competir con otros tantos centenares de comercializadoras privadas, pero ofreciendo menos beneficios sociales que las grandes empresas dado que la energética de Colau no aplica los beneficios sociales derivados de la ley de pobreza energética.
Otro de sus caballos de batalla fue el agua. Es un debate en el que hay mucha demagogia de fondo. El agua es y será siempre de titularidad pública, así que la misma no se puede remunicipalizar, lo que sí puede municipalizarse -y esa era la intención de Colau en 2015- es la gestión y distribución de la misma.
Cuatro años más tarde sabemos que en los servicios universales el mejor modelo es el de la colaboración público-privada. La municipalización frenaría la inversión en infraestructuras, impediría la contratación de personal por las rigideces propias del garantismo del sistema público y reduciría la investigación por falta de recursos.
Los trabajos sobre la creación de una funeraria municipal, que como en el caso de la energética, tendría que haber luchado en el mercado contra operadores privados, y por lo tanto, no supone una municipalización stricto sensu, demostró que los precios no bajan solo por que un servicio sea municipalizado.
Los datos son incontestables, el coste del agua supone solo el 35 por ciento de la factura y de las 12 municipalizaciones que se han producido en nuestro país, desde 2010, en ningún caso el servicio se ha abaratado. El nuevo Ayuntamiento tiene ante sí la oportunidad de dejar atrás viejos debates ideológicos y abrirse a tratar verdaderos retos sobre la calidad de vida de las personas. En el caso de agua: el ahorro de recursos, el reciclaje, la innovación y la sostenibilidad.
