La Fiscalía recurrirá la absolución de los exdirectivos de Ferrovial en el caso Palau

Rechaza que el tráfico de influencias por el pago de comisiones a CDC esté prescrito

Los directivos de Ferrovial, Juan Elizaga (3d), y Pedro Bonaventura (2d), el pasado día 15 EFE

JESÚS HIERRO

La sentencia del caso Palau confirmó que Ferrovial pagó comisiones a Convergència a cambio de adjudicaciones de obras públicas pero absolvió a los dos exdirectivos de la constructora encausados al considerar que el delito de tráfico de infuencias estaba prescrito. La tesis de la Fiscalía es contraria a esta interpretación de la magistrada Montserrat Comas y ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra su absolución.

Pedro Buenaventura y Juan Elízaga se enfrentaban en el macrojuicio por el expolio de la institución cultural a una pena de cuatro años y medio cárcel, encausados por tráfico de influencias y administración desleal. Sin embargo, la magistrada los absolvió del primer delito por considerar que está prescrito (fueron imputados cuando ya habían pasado tres años desde su última actuación con la empresa) y, del segundo, porque no hubo perjuicio económico para la constructora.

La esperada sentencia , tras el macrojuicio que se celebró durante el primer semestre del 2017, avaló la mayor parte de las conclusiones del fiscal Emilio Sánchez Ulled : que el expresidente del Palau, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, desfalcaron el Palau de la Música, y también que esta institución "era la cañería por donde transitaba el dinero -las comisiones- de Ferrovial a CDC", llegando 6,6 millones de euros a las arcas convergentes.

Por todo ello, el tribunal condenó a Millet a nueve años y ocho meses de cárcel; a Montull a siete años y seis meses; a la hija de èste y exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull, a cuatro años y seis meses, y al extesorero convergente Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses de cárcel.

Además de recurrir la absolución de los exdirectivos de Ferrovial, la Fiscalía solicitó a la Audiencia de Barcelona una comparecencia para decidir sobre la medidas cautelares a imponer a Millet, los Montull y a Osàcar, que finalmente se celebrará el próximo 5 de febrero, y que podría implicar su ingreso en prisión.

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